Por unanimidad, la Cámara de Apelaciones dispuso la remisión del expediente al fiscal adjunto en la causa por lesión de confianza contra los exmiembros de la Asociación Cooperadora Escolar de la Escuela Área 1, para que el mismo designe un nuevo fiscal y se investigue el caso. En principio, el fiscal Gabriel Segovia Villasanti, sin ninguna investigación, solicitó la desestimación de la causa y fue admitido por la jueza de Garantías, Fátima Burró.
Los padres de familia habían denunciado a Jorge Cabrera y a su comisión directiva por la desaparición de unos G. 450 millones de los aportes voluntarios, pagos por uniformes y otros ingresos que el grupo de la ACE no rindió cuentas. Todo esto se habría dado desde agosto de 2022 hasta abril del 2023, antes que los miembros de la cooperadora escolar sean destituidos.
La resolución del Tribunal de Alzada no fue favorable a los denunciados, que plantearon un recurso de reposición que también les salió en contra. Por ello, ahora recurrieron a la Corte Suprema de Justicia. Los denunciantes consideran que se trata de una chicana en busca de impunidad, luego de haber privado de recursos básicos a los alumnos de la escuela pública.
Tampoco hay datos de la donación para el pozo artesiano que realizó el entonces candidato a gobernador César “Landy” Torres, así como de los elementos para la instalación de un parque infantil. Las citadas obras quedaron a medias y recién con la nueva comisión directiva de la ACE, se logró la conclusión de ambos trabajos.
“No es algo personal, lo que buscamos es el resarcimiento en nombre de nuestros hijos que concurren a una escuela pública donde los miembros de una comisión se apoderaron del dinero que aportamos, dejándolos sin nada. Porque ese año que fueron destituidos ni papel higiénico había en la escuela, eso es así porque llevaron todo, ni el estatuto de la ACE nos dejaron”, expresó la abogada Gladys Barrios, representante de los denunciantes.
LA CAUSA POR APROPIACIÓN
En la unidad de la fiscal Julia González, los denunciantes fueron llamados a una ratificatoria en la denuncia por apropiación y además agregaron datos de la causa por lesión de confianza que sigue siendo chicaneada. La última declaración fue de Elisa Telesca, quien estaba a cargo de la provisión de uniformes, que también reclamó el dinero que le debe la comisión que presidía Cabrera.
El denunciado se negó a entregar documentos ante la unidad fiscal, alegando que lo haría únicamente ante la Contraloría General de la República, por lo que fue intimado por la titular de la investigación a arrimar el estatuto de la comisión, facturas, la base de datos de los pagos de los padres de la escuela y todo lo que tenga que ver con la comisión de padres para avanzar en la causa penal.
Varios padres de familia que integraron la ACE con Jorge Cabrera, siguen en la escuela del Área 1. Los que luchan para que el descomunal robo de los aportes no quede en la impunidad, indicaron que son permanentemente hostigados para desistir de la acción penal, porque no tendrían el resultado deseado y después sufrirán las consecuencias.
