Tras “reventar” el escándalo que involucra al ex diputado Carlos Portillo, que meses atrás supuestamente renunció a su cargo de “asesor” del intendente Miguel Prieto, pero sigue cobrando sus honorarios como planillero, se espera que el Ministerio Público actúe de oficio y lo impute por cobro indebido de honorarios. Igualmente, se deberá investigar al jefe comunal por cómplice. El exparlamentario, que en el 2021 fue expulsado del Congreso por tráfico de influencias, renunció a su cargo en la comuna para participar de un programa farandulero en la capital del país. Pero las planillas de pago de la municipalidad evidencian que sigue cobrando tranquilamente su salario de G. 12 millones al mes.
Abogados consultados sobre el caso no dudaron en indicar que el polémico exparlamentario debe ser investigado e imputado por la Fiscalía por cobro indebido de honorarios. Esta figura penal es considerada un acto fraudulento, lo cual está tipificado en el Código Penal. Según el artículo 187 del Código Penal Paraguayo, se sanciona el delito de estafa, y este podría aplicarse si el cobro indebido se realiza con engaño.
Así también mencionaron el artículo 249 – Apropiación y Distracción de Fondos Públicos; que sanciona a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, se apropian o distraen fondos públicos. Portillo, que sigue cobrando un salario sin derecho, estaría incurriendo en esta conducta.
Igualmente, estaríamos ante una violación de la Ley 1626/00 de la Función Pública, que habla de los Deberes y Prohibiciones de los Funcionarios Públicos. La ley establece claramente los deberes de los funcionarios públicos y las sanciones por incumplimiento. Cobrar salarios después de renunciar es una violación y podría llevar a sanciones administrativas y penales. Los profesionales consultados indicaron que cualquier persona incluso puede presentar una denuncia penal contra Portillo ante la Fiscalía, por apropiación indebida de fondos públicos.
Refirieron además que, si se demuestra que el intendente tenía conocimiento y permitió que se siguieran pagando salarios indebidos, podría ser acusado por complicidad o encubrimiento en el delito de apropiación indebida de fondos públicos (Artículo 249 del Código Penal). Igualmente, el Código Penal prevé sanciones para los funcionarios públicos que, conociendo la comisión de un delito, no lo denuncian. Esto puede aplicarse al intendente Prieto por no tomar medidas al saber del cobro indebido.
Así también, la Contraloría General de la República puede iniciar una investigación o auditoría para determinar la responsabilidad del intendente en la mala administración de los fondos públicos.
CÓNSUL FRUSTRADO
Recordemos que el exdiputado Carlos Portillo había presentado su renuncia en marzo pasado al cargo de “asesor” del intendente Miguel Prieto, con la supuesta idea de asumir el cargo de cónsul en la ciudad de Puerto Iguazú (Argentina), lo que finalmente no sucedió. La supuesta “renuncia” de Portillo se había dado el 19 de marzo, pero sorprendentemente sigue en la nómina de funcionarios de la MCDE, percibiendo nada menos que G. 12 millones al mes bajo concepto de supuesto asesor contratado.
En la planilla oficial de la Municipalidad, actualizada hasta mayo del presente año, Portillo figura en su carácter de asesor, cuya fecha de contrato se remonta al 3 de julio del 2023, con un “nivel de estudios a confirmar” y un horario diario de 07 a 13h de lunes a viernes.
Al fracasar su intención de seguir la carrera diplomática en un Consulado, Portillo aceptó la invitación de un canal de Tv para participar de un programa farandulero, motivo por el cual se instaló en la capital del país. Fuentes fidedignas de la comuna aseguran que el intendente Prieto “no puede echarlo” debido a las influencias de su hermana María Portillo, una de las concejales de mayor poder en la comuna esteña. No obstante, con lo que se descubrió ahora, habrían incurrido en violaciones a la ley civil y penal, por lo cual deben ser responsabilizados tanto Carlos Portillo como el jefe comunal.
