La Justicia Federal de Brasil ordenó al Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) que explique, antes de finales de febrero, el destino de más de R$ 55,8 millones que debían ser aplicados al Parque Nacional de Iguazú, en Paraná. La determinación responde a una solicitud del Ministerio Público Federal (MPF), que acusa al instituto de negligencia en la administración de estos recursos, esenciales para el mantenimiento y la mejora de una de las áreas protegidas más emblemáticas del país vecino.
Los recursos en cuestión provienen de una decisión judicial que obligó al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) a transferir al ICMBio el 50% de la recaudación obtenida por la venta de entradas al parque entre 1989 y 2000. Este monto fue dividido en dos pagos: uno realizado en 2018, por un valor de R$ 29,9 millones, y otro en 2024, de R$ 25,8 millones. Sin embargo, gran parte de este dinero aún no ha sido liberado, ya que fue convertido en precatorios (órdenes judiciales de pago).
RECURSOS RETENIDOS Y APLICACIÓN MÍNIMA
Según la Justicia Federal, a pesar de que han pasado seis años desde que se recibió el primer pago, los montos aplicados al Parque Nacional de Iguazú son mínimos. Esta situación resulta especialmente alarmante, considerando las restricciones presupuestarias sin precedentes que enfrenta el parque, que es un Patrimonio Natural de la Humanidad y uno de los principales destinos turísticos del país.
El ICMBio informó que, entre 2021 y 2024, apenas R$ 1,2 millones fueron destinados al parque, y que no hay previsión para nuevas autorizaciones. Este bajo desembolso ha impedido la ejecución del plan de trabajo presentado hace dos años por el propio instituto, que incluye acciones estratégicas como la producción de conocimiento, el desarrollo de tecnologías innovadoras y el fortalecimiento de la relación del parque con la sociedad.
Para justificar esta demora, el ICMBio argumenta que los precatorios solo pueden liberarse cuando existe un «plus» en la dotación presupuestaria de la institución, lo cual depende de la aprobación del Ministerio de Planificación y de un decreto presidencial o un proyecto de ley. Según el instituto, utilizar estos recursos sin dicho aumento implicaría retirar fondos destinados al mantenimiento de las otras 335 unidades de conservación bajo su gestión.
IMPACTO Y CRÍTICAS
La procuradora de la República Monique Cheker criticó la demora en la asignación de los recursos y afirmó que esta situación perjudica gravemente el desarrollo del parque. “Es comprensible que la liberación de recursos esté sujeta a garantías legales y procedimientos rigurosos, pero no se puede ignorar la demora significativa en concretar los pagos, especialmente en un momento crítico para el Parque Nacional de Iguazú”, señaló.
Con el plazo judicial en marcha, la comunidad ambientalista y las autoridades locales esperan que el ICMBio rinda cuentas y acelere la aplicación de los fondos, garantizando que uno de los mayores tesoros naturales de Brasil reciba la atención que merece.
