La firma Azar Internacional S.A. es la que explota el Casino Acaray de Ciudad del Este, bajo un llamativo contrato por el que se le otorgó de nuevo la concesión hasta el 2035, pese a que ya venció el contrato firmado con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). La conocida casa de juegos es propiedad del Instituto de Previsión Social, por lo que la revalidación del contrato le estaría causando un grave daño patrimonial a la institución.
A raíz de ello, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto de declaración “Que insta a la Contraloría General de la República a iniciar una investigación contra los responsables del Instituto de Previsión Social en el marco de los contratos con la firma Azar Internacional S.A., en relación al Hotel Casino Acaray”, debido al silencio cómplice de las autoridades de la previsional, por lo que se sospecha que la revalidación del contrato se realizó mediante un fuerte padrinazgo político.
En el documento presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR) se explica que “la concesión a la empresa Azar Internacional S.A., desde el año 2005, se hizo sin respetar las formas legales y con un evidente daño patrimonial al Instituto de Previsión Social (IPS)”. Según los datos, las prórrogas de este tipo de contratos no están contempladas en la ley vigente y, necesariamente, debe hacerse una licitación pública, por lo que se está analizando el acuerdo al cual se llegó en la administración del ahora expresidente Mario Abdo Benítez.
De acuerdo a las sospechas, el gobierno anterior, a través de la Conajzar, había otorgado a la empresa Azar Internacional S.A., dedicada al rubro de juegos de azar, una prórroga hasta el 2035 para la explotación de un casino en el Complejo Acaray. Este beneficio deja un nefasto precedente al violarse la ley vigente, de acuerdo a los parlamentarios, en su mayoría cartistas, por lo que instaron a la Contraloría General de la República a abrir una investigación al respecto.
La iniciativa de los legisladores expresa que la mencionada firma arrienda el predio denominado “Acaray”, propiedad del IPS, desde el año 2005, según contrato suscripto entre las partes, la que sufrió ciertas modificaciones durante el transcurso del tiempo. Por Resolución R.C.A N° 035-029/13, de fecha 7 de mayo de 2013, llamativamente se autorizó la rescisión de común acuerdo del contrato previamente suscrito entre el IPS y Azar Internacional S.A.; pero en el mismo acto se autorizó la suscripción de un nuevo contrato entre las partes, esta vez, por un plazo de arrendamiento de 20 años más, lo que generó dudas en los legisladores.
De este modo, la Contraloría General de la República deberá iniciar la investigación solicitada por los parlamentarios, para detectar si se cometieron hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y cohecho pasivo.
