En varias oportunidades, la denuncia de supuestos hechos irregulares en administración pública, desprolijidades cometidas por autoridades de instituciones estatales o vinculadas a ella, pese a impactos mediáticos y satanizaciones inmediatas, tiene propósitos no precisamente patrióticos, sino de interés personal.
Sin dudas el hacer saber irregularidades debería ser la conducta de todo buen ciudadano que considere a la honestidad valor fundamental. Pero llevarlo con el fin de malicia, o de la extorsión, es una lamentable malvivencia solapada que delata.
Desde renombrados abogados, y periodistas, mostrarse como paladines de la justicia, solo sirve si lo planteado es verosímil, responsable y se exenta beneficios indebidos para denunciantes.
Buscar primero dinero para no cuestionar o denunciar presuntas anormalidades en la administración de recursos públicos, o de coacciones de vinculados a lo estatal, es la abominable práctica de hipócritas que se valen algunos del periodismo o de la abogacía para extorsionar.
Obviar esta realidad no es objetivo, pues sigue en boga.
Tratar de ocultar realidades propias de lo corriente en la vida de ciertas personas con mentes torcidas y de credibilidad cero, es absurdo en una comunidad donde “nos conocemos todos”.
Presentar acusaciones debe estar acompañada de pruebas, reunir criterios que al menos se aproximen a lo real. De la misma forma, publicaciones deben tener aspectos de seriedad, jamás de sentencia.
Exigir el pago de canon por silencios sobre malversaciones, sobrefacturaciones y todo tipo de irregularidades imaginables, o virtualmente inventadas, no constituyen en lo más mínimo signos de alta valentía o de patriotas preocupados por el manejo de la cosa pública. Actores principales y de reparto de la mendicidad extorsiva no pueden seguir teniendo cabida en contextos de honorabilidad y credibilidad.
No es normal que gente de baja estatura ética encuentren lugar para fortalecer la presión para el pago de dinero a mutismos o vista gorda.
Este tipo de actos no son más que corrupción avalada por denuncias en la fiscalía, o en los medios, que tienden a diluirse irremediablemente en el más penoso fiasco.
Irregularidades deben ser denunciadas independientemente al bolsillo del propiciador del mal. De la misma forma, las falsas denuncias son punibles.
La extorsión es elemento fundamente de la mafia, y como tal es también un delito que tiene pena.
Acceder a las pretensiones de malvivientes vestidos de profesionales que buscan beneficio indebido, es la manera de dar más vida aún a esta modalidad delictiva que se esconde detrás de micrófonos, publicaciones y unidades fiscales, levantando banderas de seudo justicia, igualdad y gobierno del pueblo.
La mala administración de la cosa pública merece el castigo ejemplar de la justicia, todo delito debe ser penado, ganar el repudio de la ciudadanía, no de la complicidad de fulano o zutano.
Medias verdades son mentiras, por lo que tienden a perder fuerza y acción en consecuencia.
Ser vulgares peajeros no debe jamás ser vistos como honorables o de justas causas.
No dar crédito total a lo que se escucha en ciertos medios de comunicación, o no tragarse sin masticar todo lo que se lee en matutinos, será el primer paso para generar mentes críticas y opiniones propias. Es de suma importancia discernir, y no seguir todo a ciegas.
No hay que olvidar que el interés indebido de populistas y malvivientes disfrazados de justicieros, se vale de apariencias de bondad para dañar, o para buscar beneficios económicos.
