Los juzgados de ejecuciones penales de Ciudad del Este determinan el cómputo definitivo de algunos condenados, mientras que algunos agentes del Ministerio Público se oponen a la aplicación de la libertad en forma condicional. Tal es el caso de la fiscal Liliana Denise Duarte, quien evita que los reos sean beneficiados alegando la falta de algunos detalles como la redención.
El hacinamiento en la cárcel de Ciudad del Este se debe a la falta de unificación de criterios por parte de las autoridades judiciales. Inclusive se menciona que varios reos se ven obligados a la compurgación total de la pena por falta de recursos económicos. Los agentes fiscales recurren a segunda instancia solamente cuando no hay “incentivo”, coincidieron en afirmar varios profesionales del derecho.
El artículo 494 del Código Procesal Penal, determina lo siguiente, “el juez de ejecución penal revisará el cómputo practicado en la sentencia, tomando en cuenta la privación de libertad sufrida por el condenado desde el día de su restricción de la libertad, para determinar con precisión la fecha en que finalizará la condena y en su caso, la fecha a partir de la cual el condenado podrá solicitar su libertar condicional o su rehabilitación”. Agrega además que “el cómputo será siempre reformable, aún de oficio, si se comprueba un error o cuando nuevas circunstancias lo tornen necesario”.
Los fiscales se oponen en reiteradas ocasiones a la aplicación de la libertad condicional y los jueces de Ejecución se ven obligados a disponer la continuidad del periodo de prueba. Una de las representantes del Ministerio Público, que siempre recurre a la Cámara de Apelaciones por estos hechos es Liliana Denise Duarte Céspedes, según las estadísticas que se manejan.
En la actualidad la cárcel regional de Ciudad del Este alberga a más de 1600 reclusos. El hacinamiento es total y solamente se espera la habilitación de la nueva penitenciaría en Minga Guazú para superar el inconveniente.
