Las ONGs que revelaron preocupantes irregularidades cometidas por las autoridades electas a las leyes vigentes, advierten que las normativas no prevén sanciones respecto a las declaraciones juradas, situación que les blinda y da vía libre a seguir cometiendo hechos impunes.
“Analizando la Ley 6501/18 del Financiamiento político, en esta no se encuentran previstas las sanciones a los candidatos que incumplen con la obligación de presentar la Rendición de sus ingresos y gastos de campaña. Igualmente, no se menciona sobre el análisis de la coherencia en los gastos de acuerdo al cargo público que aspira, como en este caso la Junta Departamental”, indica el documento.
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Igualmente, desnuda falencias en las leyes electorales y de control en relación al financiamiento político que podrían obtener los postulantes a cargos electivos, como las “ayudas” económicas que podrían provenir de organismos delictivos como el narcotráfico. “Como se pudo observar en la investigación, el sistema electoral todavía presenta diversas falencias en control y sanción. Las irregularidades no fueron señaladas por las instituciones pese a haber pasado casi un año de la campaña, y los concejales ya llevan meses de ejercicio en el cargo. Igualmente, los datos públicos no están presentados en formatos de fácil acceso y comprensión, habiendo grandes brechas de información en estas áreas. Varias organizaciones y referentes políticos han cuestionado estas falencias que afectan la transparencia y la confianza hacia los gobernantes. Finalmente, es visible que las instituciones no cumplen con las condiciones mínimas y existen sectores políticos que no cumplen con la ley por falta de mayor control y penalización”, resalta el documento revelado por el TEDIC y Semillas por la Democracia.
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