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Fiscal obstaculiza alevosamente el combate al robo de energía por parte de granjas de criptomonedas

Intervención realizada en una granja mineradora de criptomonedas en Santa Rita. El fiscal Julio Paredes sugestivamente dilató el pedido de allanamiento.

No caben dudas de que uno de los negocios más prósperos del momento es la minería de criptomonedas, que ha encontrado a muchos adeptos en el Alto Paraná. La actividad consiste en que un ordenador especial, cuyo componente principal son placas de vídeo, valide las transacciones financieras dentro de una red determinada. Sin embargo, para que este negocio realmente sea rentable, el acceso a energía barata es fundamental. Si bien en nuestro país el precio de la energía eléctrica es bastante reducido comparado a otros países de la región, los pseudo empresarios que se dedican a la exploración de criptomonedas prefieren recurrir a conexiones clandestinas para pagar menos, en otras palabras, roban energía de manera alevosa y descarada, muchas veces con la complicidad de los propios funcionarios de la Ande. Estas granjas están diseminadas por todas partes, como por ejemplo en Hernandarias, en cercanías de la reserva de Tatí Yupí, donde un enorme complejo edilicio cuenta con dos transformadores grandes, evidenciando la enorme cantidad de energía que demanda la minería de monedas virtuales.

Granja mineradora situada en Hernandarias, cercanías de la reserva Tatí Yupí. Se observan dos enormes transformadores usados para abastecer de energía a las máquinas.

INTERVENCIÓN DESPUÉS

DE MUCHA INSISTENCIA

Es tal el nivel de impunidad, que estas granjas mineradoras operan a la vista de todos y sin consecuencia alguna para sus propietarios. Las intervenciones que realiza esporádicamente la Ande se limitan a cortes de energía y el posterior pago de multas, sin ninguna otra consecuencia legal para los ladrones de energía. En Alto Paraná están designados dos agentes fiscales para combatir el robo de energía eléctrica. Ellos son Alcides Giménez y Julio Paredes, que demuestran un sugestivo desinterés en investigar este tipo de casos y más bien “congelan” las causas, que al final siempre acaban en nada.

Después de mucha insistencia y de fuertes críticas en los medios de comunicación, el fiscal Paredes finalmente se dignó en intervenir una granja mineradora en Santa Rita. Sin embargo, su actitud alevosa, que demoró en demasía la realización del operativo, habría permitido que los ladrones de energía sacaran las máquinas del lugar y borraran evidencias, según indicaron fuentes fidedignas.

En un principio, el representante de la sociedad demostró su total desinterés en dar cumplimiento al allanamiento, evidenciando su complicidad con los ladrones de energía eléctrica. Desde que asumió la unidad especializada para entender en cuestiones de minería de monedas virtuales, Paredes no ha hecho más que encubrir a los explotadores, en lugar de procesarlos. La estadística de su trabajo es literalmente inexistente, porque no ha emprendido ningún trabajo efectivo.

Funcionarios de la Ande lamentaron la actitud de los agentes fiscales como Julio Paredes, señalando que en estas condiciones “será muy difícil” desalentar este delito, que va en franco aumento gracias a la impunidad de la que gozan estas personas. De acuerdo a los datos, muchos de los “empresarios” que aparecen detrás de la exploración de criptomonedas están vinculados al narcotráfico, utilizando este nuevo “negocio” para el lavado y blanqueo de activos originados con el tráfico de estupefacientes, indicaron nuestras fuentes.

El cuestionado agente fiscal Julio Paredes.

ENORME ROBO DE ENERGÍA

Nuestras fuentes indicaron que, para que sea rentable, estas granjas deben poseer entre 1.000 a 2.000 máquinas exploradoras de criptomonedas que demandan una gran cantidad de uso de energía eléctrica. Si pagaran como realmente deben hacerlo, la Ande recibiría entre G. 300 y G.  400 millones por mes en concepto de facturación. Sin embargo, a través de artimañas y las conexiones directas, los dueños de las mineradoras solo aportan entre G. 20 y G.30 millones por mes, indicaron nuestras fuentes.

Hoy día, el nuevo gobierno del presidente Peña pretende invertir grandes sumas en aumentar la infraestructura de la Ande, sin embargo, debido a la inutilidad fiscal, no está en condiciones de combatir este delito, que echa por el suelo todo intento por optimizar el servicio ofrecido por la estatal. Hay zonas donde los usuarios “comunes” de la Ande tienen enormes problemas, ya que las mineradoras consumen tanta energía que los transformadores acaban registrando sobrecargas, lo que se traduce en molestosos cortes de energía. Mientras la Fiscalía sea complaciente y connivente con este delito, es poco lo que se podrá hacer, indicaron técnicos de la estatal, consultados sobre el inconveniente.

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