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Fiscalía Anticorrupción debe investigar a magistrada y fiscal

La pareja que fue asesinada por los policías gatillo fácil (arriba).
Cinthia Garcete, jueza denunciada por liberar a policías, y Alcides Giménez, fiscal denunciado (abajo))

El fiscal adjunto del Alto Paraná, Jorge Sosa, deberá tomar una decisión con relación al agente fiscal Alcides Giménez, recusado por presuntamente recibir coimas en una causa donde están involucrados 11 policías por el crimen de una pareja. Por su parte, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados también iniciarían de oficio una investigación contra el “representante de la sociedad”, que en lugar de impulsar las pesquisas habría favorecido asquerosamente a los presuntos  criminales.

El abogado Mauro Barreto, que actúa en representación del padre de la joven Yetsica Espínola, ultimada por los policías, solicitó a la Fiscalía Adjunta la remisión de la causa a la Fiscalía Anticorrupción de la capital del país,  a fin de llevarse adelante la denuncia por cohecho pasivo contra la jueza Cinthia Garcete y el fiscal Alcides Giménez. Ambos supuestamente recibieron G. 150 millones cada uno, a cambio de dar libertad a los 11 policías que participaron del doble crimen ocurrido el 19 de noviembre de 2022 en el Km 12 Acaray. Resultaron víctimas Alex Enrique Alejandro Ortiz y Yetsica Espínola Cáceres.

Los policías que hoy disfrutan de la comodidad de su casa y perciben su salario sin ningún descuento son: el Crio. Hugo Regis Florentín, Subcrio. Manuel Ramón Villalba Gómez y el suboficial Richard Antonio Sebriano Silvero, quienes prestaban servicio en el Dpto. de Investigación de Delitos. Además fueron beneficiados el oficial 1º Roberto Samaniego Parquet y los suboficiales César González Agüero, Javier Antonio Martínez Ocampos, Alfredo Villalba Agüero, Rubén Darío Giménez Maidana, Jaime Javier Ramírez Brítez, Alder Centurión Céspedes y Pedro Osvaldo Brítez Achar, estos últimos del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

De acuerdo con la denuncia, los policías juntaron la millonaria suma de dinero para entregar a la juez y el fiscal, a cambio de su libertad. Atendiendo a la expectativa de pena y tratándose de un crimen, siempre según el abogado Mauro Barreto, el Código Penal no permite una medida alternativa a la prisión para tal caso. Es ahí donde la versión de haber corrido fuerte suma de dinero gana crédito y el Ministerio Público debe investigar, aunque hasta el momento el fiscal adjunto Jorge Sosa no ha tomado ninguna decisión, según revelaron fuentes.

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