En un sistema donde la justicia ambiental debería velar por el bienestar de todos, surge una preocupante contradicción en la actuación de la Fiscalía del Medio Ambiente. Mientras pequeños comerciantes y humildes trabajadores son procesados y acusados por delitos ambientales, grandes empresarios, terratenientes y productores sojeros, responsables de graves daños al ecosistema, permanecen impunes, sin que la justicia se acerque a ellos. Este patrón genera serias dudas sobre la imparcialidad y eficacia de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente, con sospechas de posibles intercambios de favores a cambio de millonarias coimas.
La fiscal Zunilda Ocampos Marín, en un reciente caso, acusó a dos humildes comerciantes por la presunta comisión de delitos ambientales relacionados con la operación de un lavadero de bidones en el Km 20 de Minga Guazú. Los imputados José Antonio Díaz Bogarín y Juan Domingo Brizuela, enfrentan cargos graves por realizar actividades que atentan contra el equilibrio ecológico, además de operar sin los permisos y evaluaciones ambientales necesarias. Según la investigación, los acusados procesaban envases fitosanitarios prohibidos sin ninguna habilitación, lo que generaba contaminación y afectaba a la comunidad local.
Sin embargo, mientras estos trabajadores son perseguidos y sus casos son llevados a juicio, otros responsables de la destrucción del medio ambiente parecen estar fuera del alcance de la Fiscalía. Empresas que explotan ilegalmente canteras en el barrio Santa Inés de Presidente Franco y grandes productores sojeros que arrasan con miles de hectáreas en el Alto Paraná siguen operando sin ninguna intervención de las autoridades ambientales, a pesar de las denuncias y los llamados a la acción de los ciudadanos.
CONTRADICCIÓN EN EL ACCIONAR FISCAL
Lo que resulta más alarmante es la falta de acción en casos de mayor magnitud. Empresas que explotan recursos naturales sin control, contaminan sin reparos y destruyen la biodiversidad siguen operando con total impunidad, mientras que la Fiscalía del Medio Ambiente se enfoca en casos de menor escala, como el de los comerciantes de Minga Guazú. La diferencia de trato entre estos casos plantea serias interrogantes sobre los criterios de actuación de la Fiscalía y su efectividad en la lucha contra la contaminación y la depredación del medio ambiente.
En este contexto, no son pocos los que comienzan a cuestionar si la Fiscalía está realmente comprometida con la protección del medio ambiente o si, por el contrario, está siendo utilizada para perseguir a los más vulnerables mientras hace la vista gorda frente a los grandes contaminadores que parecen contar con la complicidad de las autoridades.
JUSTICIA AMBIENTAL SESGADA
El patrón de actuación de la Fiscalía del Medio Ambiente pone en evidencia una alarmante desigualdad. Mientras que las grandes empresas y terratenientes continúan con sus prácticas destructivas sin temor a ser sancionados, pequeños comerciantes y trabajadores humildes son tratados con el máximo rigor, lo que deja la sensación de que la justicia ambiental está siendo utilizada de manera selectiva, favoreciendo a aquellos que tienen el poder y los recursos para eludir las consecuencias de sus actos.
La denuncia de que este accionar podría estar motivado por intereses económicos oscuros, como las coimas millonarias que algunos sectores temen que puedan estar en juego, sólo agrava la situación. Si la Fiscalía no actúa con la misma determinación y contundencia contra los grandes responsables de la contaminación y la depredación, el mensaje es claro: en Paraguay los pequeños son perseguidos, pero los grandes son protegidos.
