La fiscal Carolina Rosa Gadea imputó al ex actuario judicial y abogado Jorge Adalberto Rafael Garay Caballero por producción mediata de documentos públicos de contenido falso. El procesado está acusado de producir y utilizar documentos falsos para apropiarse de millonarios fondos depositados en cuentas del Banco Nacional de Fomento, en el contexto de juicios civiles donde actuaba como abogado de personas que demandaban a una inmobiliaria por rendición de cuentas. Se sospecha que con complicidad de jueces venales, el hoy imputado manipuló el sistema judicial para apropiarse del dinero depositado en cuentas del BNF, en perjuicio tanto de la inmobiliaria como de los propios demandantes.
De acuerdo a los antecedentes del caso, el ex actuario del Poder Judicial ha sido acusado de un elaborado fraude en perjuicio de la firma Inmobiliaria Paraná y sus demandantes. Gracias a su experiencia y conocimiento del sistema judicial, Garay Caballero habría encontrado facilidades para cometer este “golpe” en la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
Los abogados de Inmobiliaria Paraná S.R.L. acusan al ex funcionario judicial de producir y usar documentos falsos en un caso de resolución de contrato, lo que habría resultado en extracciones irregulares de fondos, que ascenderían a montos entre G. 350 y G. 380 millones.
En el marco de esta disputa legal, los abogados Nelson David Núñez Rojas y Arminda Rivas, presentaron una denuncia penal contra Jorge Adalberto Rafael Garay Caballero. La denuncia es por los delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Según los demandantes, la inmobiliaria suscribió un mandato de loteamiento, venta y administración de tierras con Laura Rocío Chávez Martínez, Eugenia Martínez y Claudia Paola Chávez Martínez, respecto a un inmueble en la Zona Granja de Ciudad del Este, con una superficie de 2 hectáreas.
El mandato estipulaba que la administradora (Inmobiliaria Paraná S.R.L.) recibiría el 20% de los ingresos correspondientes a las propietarias, deducido mensualmente de las liquidaciones de cobranzas. Sin embargo, en abril de 2016, las citadas mujeres presentaron una demanda de resolución de contrato contra la inmobiliaria, representadas por el denunciado.
Los demandantes sostienen que existen pruebas que Garay Caballero manipuló documentos en la tramitación de una medida cautelar relacionada con el caso, lo que resultó en extracciones irregulares de fondos. Según los cálculos presentados, se extrajeron millonarios montos en favor de las representadas del abogado denunciado, utilizando información falsa sobre los montos correspondientes. Los denunciantes alegan que Garay Caballero actuó con dolo directo al manipular documentos para obtener beneficios irregulares para sus representadas.
La denuncia se basa en la comparación entre el escrito de solicitud de extracción de fondos y la cláusula séptima del mandato de loteamiento, venta y administración de tierras, donde se evidencia la manipulación de información para justificar extracciones irregulares de fondos.
El Ministerio Público, representado en la causa por la fiscal Carolina Rosa Gadea, tras pedir informes al Juzgado Civil y comercial del Tercer Turno de CDE y al BNF, imputó al acusado. Caballero.
Señala el acta de imputación que además, “es sumamente agravante la situación del hoy imputado Jorge Adalberto Rafael Garay Caballero, ya que el mismo en su carácter de abogado y representante de la señora Eugenia Martínez, pensó, planifico, preparó, realizó y presentó quince escritos (no solamente un acto procesal) en el marco del expediente Judicial Nº 116 año 2016, caratulado “Eugenia Martínez c/ Nelson Bogarin Alvarenga s/ Resolución de Contrato, cuyo contenidos son totalmente falsas, ya que no constituyen los números reales que deberían de ser, ya que el auxiliar de justicia tendría que haber recurrido en primer lugar a las operaciones contractuales autorizadas: a)- a las operaciones contables en formato Excel, b)- a realizar las deducciones, c)- deducir los gastos ocasionados, d)- el pago de las remuneraciones a los contratantes, e)- el pagos de los tributos, f)- el consentimiento de las partes (imprescindible); conforme a los porcentajes establecidos (20% y 80%) previas deducciones; así como están descriptos en la rendición de cuentas; por lo tanto, los números o monto (cifras) estampados en los respectivos instrumentos públicos (escrito judicial) no fueron reales, ni ciertos. Es más, la situación, es más agravante, ya que fueron hechas dentro de las actuaciones procesales, considerada instrumentos públicos y tiene naturaleza jurídica de tal”, expresa parte del acta procesal. El imputado se expone a una pena carcelaria de hasta cinco años, conforme a lo estipulado en el Código Penal Paraguayo.
