La administración del cuestionado intendente Roque Godoy se encuentra una vez más en la polémica, ante las crecientes sospechas de una presunta sobrefacturación en la compra de un inmueble destinado a un nuevo cementerio municipal en Presidente Franco. A pesar de los reiterados pedidos de informe presentados por la Junta Municipal, la intendencia ha optado por el silencio, generando una ola de incertidumbre y preocupación en la comunidad.
El edil Hugo Mendoza (ANR) presentó una minuta el pasado 11 de marzo, solicitando documentación detallada sobre la adquisición del terreno, adquirido a un costo de G. 1.180.055.292 de un tal Roberto Jesús Paiva Gamarra (único oferente), que se realizó mediante una Licitación por Vía de la Excepción (que no requiere autorización de la Junta Municipal) con ID 459987. Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el predio de seis hectáreas fue adquirido para la construcción de un cementerio municipal, sin embargo, las condiciones y el monto de la transacción han despertado sospechas, llevando en cuenta que se trata de una propiedad rural, cuyo valor es sugestivamente elevado (la comuna franqueña pagó G. 196.675.882 por hectárea).
El pedido de informe incluía la copia íntegra del expediente de adquisición, la escritura pública del inmueble, certificados de dominio y gravámenes, certificado catastral, avalúo fiscal actualizado, resoluciones municipales que avalen la compra, detalles del procedimiento administrativo, el proyecto del cementerio municipal y los criterios técnicos y legales utilizados para la selección del inmueble. A pesar de la urgencia del tema, la Junta Municipal, que aprobó la solicitud con un plazo de respuesta de 48 horas, aún no ha recibido ninguna documentación de parte del Ejecutivo municipal.
La falta de transparencia se da en un contexto crítico, ya que los cementerios municipales existentes en los barrios Santa Rosa y Km 9 Monday están colapsados y han sido objeto de denuncias por presuntas irregularidades en la recaudación de tasas. Los franqueños han expresado su indignación ante la falta de espacios y la inacción del municipio para resolver el problema.
OTROS PEDIDOS DE INFORME IGNORADOS
El concejal Mendoza también denunció que otros pedidos de informe cruciales han sido ignorados por el intendente Godoy. Entre ellos, se destaca la solicitud de documentación sobre la ampliación de la avenida Bernardino Caballero, un proyecto de infraestructura clave para la ciudad. La Junta Municipal requirió detalles técnicos, presupuesto, estudios de impacto y cronograma de ejecución, pero hasta la fecha ni el intendente ni su director de Obras, Cristian Ortiz, han proporcionado información.
La falta de respuestas genera dudas sobre la transparencia de la obra, especialmente en lo que respecta a los costos, el impacto social y ambiental, y la posible afectación a inmuebles privados. Además, se desconoce si se han realizado audiencias públicas para informar a la ciudadanía sobre el proyecto.
Otro caso que genera controversia es la adjudicación de obras para la construcción de cocinas-comedor (ID 461156), otorgadas a empresas con antecedentes dudosos. Entre ellas, Fann S.A., que había sido adjudicada para ejecutar el proyecto y remodelación del área de deporte y recreación del Polideportivo Municipal, por G. 464 millones. La Dirección de Obras de la Municipalidad , a cargo del polémico Cristian Ortiz, certificó como terminadas las obras de remodelación, cuando en realidad los trabajos apenas habían iniciado, lo que incluso ameritó una denuncia penal contra el intendente y el director de Obras, que está en trámite en el Ministerio Público de Pdte. Franco. Otra firma adjudicada es Pérez y Aguayo S.R.L., que se encuentra inhabilitada en el sistema financiero por el Banco Central del Paraguay. A pesar de estos antecedentes, la administración de Godoy adjudicó contratos millonarios a ambas empresas sin explicar el proceso de selección.
Mientras se evade la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos, el intendente Roque Godoy ya mueve piezas para consolidar la candidatura de su esposa, la diputada Roya Torres, en las elecciones municipales de 2026. Torres, recientemente “salvada” de una imputación por cobro indebido de honorarios, es vista como la sucesora impuesta por el actual jefe comunal. El hermetismo del intendente frente a las denuncias refuerza la percepción de una gestión opaca, con posibles irregularidades y falta de compromiso con la transparencia.
