Como prioridad en políticas públicas, la salud mental debe pasar a ocupar un lugar central, teniendo en cuenta los efectos cada vez más terribles y notorios.
La salud mental es más que una cuestión de bienestar individual, pues su connotación es un factor crucial para el desarrollo socioeconómico y la estabilidad de una sociedad en su conjunto.
Abordar la salud mental desde una perspectiva gubernamental no solo implica proporcionar servicios de atención reales, sino también crear un entorno que promueva la prevención, la concienciación y el apoyo comunitario e institucional.
Salud pública, de por sí deficitaria para cuestiones básicas, no puede solo conformarse con poner letreros como mayor acción en pos del citado mal que muestra rigores más que preocupantes. Desenlaces fatales no son minucias.
Las enfermedades mentales tienen consecuencias económicas incluso, yendo desde la ausencia en el trabajo al aumento de los costos de atención médica asociados.
La falta de atención adecuada a la salud mental puede llevar a problemas de salud física más graves y crónicos, afectando a terceros. Al abordar las necesidades de salud mental desde el principio, se pueden prevenir o mitigar muchas de estas complicaciones, aliviando así la presión sobre los sistemas de salud pública y reduciendo los costos a largo plazo.
La salud mental es un componente esencial del bienestar humano integral, no siendo un gasto su atención institucional, sino de inversión.
Las personas en situaciones de vulnerabilidad, como los niños, los ancianos, las mujeres que padecen tormentos de sus parejas y familias, tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, por lo que resguardarlos es asunto de Estado. Es responsabilidad del Gobierno garantizar que estos grupos tengan acceso a los servicios plenos, adecuados y apoyo integral para abordar sus necesidades específicas. Protegerlos es una cuestión constitucional.
Dar importancia a la salud mental no solo es una cuestión humanitaria, sino también una estrategia inteligente para promover el bienestar general, el desarrollo sostenible y la prosperidad económica a largo plazo. Al hacerlo, los gobiernos no solo protegen a sus ciudadanos de las consecuencias negativas de los trastornos mentales, sino que también sientan las bases para una sociedad más saludable, equitativa y resiliente en su conjunto.
La protección legal, el respaldo institucional para quienes son víctimas de asedios que afectan la mente de las personas, también es urgente, pues mayormente son mujeres y niños víctimas de viles desalmados que agreden en todas sus formas a quienes no pueden defenderse de la cobardía de energúmenos. Ninguna denuncia puede seguir siendo obviada por el Ministerio Público, ningún juez puede seguir prestándose al sucio dinero de espectros. La salud mental tiene varios componentes, pero es el Estado el que debe crear condiciones mínimas para tratarlas y precautelar a quienes lo padecen. No es menos cierto que es una responsabilidad social, velar por los afectados. Dar real importancia al mal no es un desatino, es una necesidad imperiosa.
