Las leyes de garantías, derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores, tienen incidencia “erga omnes” para las partes, no existiendo exceptuaciones a empresa alguna, sean ellas nacionales o multinacionales.
Ningún conglomerado extranjero puede, o mejor, debe estar por sobre la legislación nacional, por lo que la Justicia Laboral no tiene argumentos para dejar de sancionar a negreros, tengan la billetera que tengan.
El caso Agrofértil, es nada más una muestra de que no hay deseo de cumplir con normativas pertinentes, que se desprecia no solo el derecho de un grupo de trabajadores, sino a la misma esencia de buena convivencia del país.
Ninguna firma debe estar blindada o ajena a consecuencias de incumplimientos.
Las multinacionales están cargadas de fama por vulnerar cualquier regla, bajo la excusa de inversiones y condiciones económicas para la impunidad. Pero ello solo resulta en un país con jueces corruptos y autoridades mediocres. La solución siempre es un pueblo preocupado y ocupado.
El cumplimiento de las normas laborales es fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores y el desarrollo sostenible de las empresas, así como la propia economía en general, por lo que tratar de despreciarlas, en una República democrática no corresponde.
Por algo se diseñan pautas de cumplimiento obligatorio, y en el caso puntual para asegurar que los empleados tengan condiciones de trabajo seguras y saludables, salarios justos, y beneficios como el descanso y la seguridad social. No solo los empresarios deben tener protecciones de su bienestar físico y mental, y el trato equitativo y justo va también para operarios.
Las empresas que cumplen con las normas laborales minimizan el riesgo de enfrentar sanciones legales, multas y demandas judiciales, por lo que por la misma paz e integridad de las firmas, no debería ser un asunto a desatender. Esto protege no solo los intereses financieros de la empresa, sino también su reputación en el mercado.
El estado, por medio de sus instituciones fiscalizadoras y punitivas, debe contribuir a reducir las desigualdades y promover la justicia social, asegurar que todos los trabajadores, independientemente de su género, raza o condición social, tengan acceso a derechos y oportunidades iguales.
Una fuerza laboral saludable y bien remunerada puede estimular el consumo y, por ende, impulsar la economía. Además, empresas que operan con prácticas laborales justas pueden atraer talento y mejorar su competitividad en el mercado global.
Al existir un marco claro para las relaciones entre empleadores y empleados, se facilita la resolución de conflictos, promoviendo una cultura de diálogo y cooperación que debería siempre primar. No se habla de defender por defender, o por un seudo nacionalismo, sino el respeto a lo que hace a todo el país y sus buenas costumbres. Hay que hacer cultura que en el Paraguay se respetan y se hacen cumplir mandamientos, debiéndose dejar jurisprudencia absoluta en todas las causas de la materia.
El imperio de las leyes, ayuda a sostener una sociedad conforme sus criterio de justicia.
