La agente fiscal Susan Vega, en representación del Ministerio Público, obtuvo la condena de un hombre que ejerció maltratos psicológicos durante 34 años contra su esposa. Se trata de Blas Higinio Benítez Santacruz, quien fue encontrado culpable de violencia familiar y sentenciado a 2 años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
Durante el juicio oral, la titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar presentó varias pruebas documentales, testimoniales y periciales para demostrar la responsabilidad del acusado. Por lo tanto, el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Diego Duarte, Margarita Martínez y Gloria Vera, emitió el fallo condenatorio.
Según los antecedentes, los maltratos verbales fueron reiterativos durante todo el tiempo que duró la relación, causando daños psicológicos a la víctima, Carmen Elvira Cantera. La misma sufrió estrés postraumático debido a la reexperimentación de acontecimientos altamente traumáticos.
Asimismo, quedó plenamente demostrado durante el debate que Blas Higinio Santacruz se aprovechaba del ámbito familiar para ejercer violencia psicológica contra su esposa, humillándola durante toda la convivencia del matrimonio, causándole hoy día una depresión, según una evaluación psicológica.
El último episodio de violencia se produjo el 15 de febrero de 2023, a las 23:00 horas aproximadamente, en el interior de la vivienda familiar, en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este. Aquella vez, el hoy condenado llegó a la casa con un ramo de rosas que entregó a su esposa, quien rechazó el obsequio y lo arrojó en un tacho de basura.
Este hecho enfureció a Blas Higinio, iniciándose una discusión entre ambos. Seguidamente, el hombre comenzó a maltratar a la mujer, manifestándole que era una “malagradecida”, seguido de una amenaza de muerte, refiriendo que si la mataba apenas iría 5 años a la cárcel, ya que supuestamente tiene muchos contactos.
Cansada de los maltratos, la víctima presentó la denuncia que derivó en el procesamiento del presunto agresor y en su posterior condena a 2 años con suspensión de la pena.
