Con la declaración indagatoria del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, realizado ayer, prosigue este martes el proceso judicial abierto en su contra y de otras personas, en su mayoría funcionarios, exfuncionarios y concejales municipales. La declaración indagatoria de Prieto fue ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Anti corrupción, integrada por los agentes Silvio Corbeta Dinamarca, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia. Para los próximos días están citados para declarar Sebastián Martínez, Maggi Fariña, Pedro Acuña, Herminio Corvalán, Hugo Benítez, Julián Benítez, entre otros, que deberán someterse a los requerimientos del Ministerio Público.
La indagatoria de Miguel Prieto fue con relación a otras 8 causas abiertas contra los mismos y no por el caso “Tía Chela”, tal como publican los voceros mediáticos del jefe comunal, con la abierta intención de confundir a la ciudadanía. Uno de los casos por el que declaró Prieto es el de la Costanera “Ñande Renda”, cuya adjudicación inicial sobrefacturada fue de unos G. 11.524 millones. Posteriormente, agregaron otros G. 2 mil millones mal utilizando la figura de “Adenda por Urgencia Impostergable”.
El punto intolerante de esta Adenda, fue que confirmaron de manera documentada que se había pagado la suma de G. 238 mil por metro cuadrado de empastado, cuyo costo inicial ofertado en el mercado local, era de tan solo G. 10.600 el metro cuadrado.
Otro caso emblemático, es el de la Clínica Móvil, denuncia hecha por el exconcejal municipal Celso “Kelembú” Miranda, que aportó una grabación de audio en la Junta Municipal, donde el mismo Miguel Prieto admite que autorizó la compra de un bus usado, supuestamente robado en el Brasil, según los datos.
