El fiscal Gabriel Segovia Villasanti imputó a una abogada por el supuesto hecho punible de violación del deber del cuidado de ancianos o discapacitados, previsto en el artículo 227 del Código Penal, en calidad de autora. La procesada es la abogada y docente María Lourdes Parra Colmán, que con anterioridad fue imputada por fiscal Carolina Rosa Gadea por supuesta estafa contra sus progenitores. Le encausada quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
Según la investigación, el 7 de octubre de 2024, Mirian Celeste Parra Colmán denunció a su hermana María Lourdes, por desatender completamente a sus padres Carlos Ramón Parra (73) y Juana Bautista Colmán de Parra (69), quienes atraviesan una delicada situación de salud. A pesar de contar con ingresos regulares, por ser profesional del derecho y docente, la sindicada se niega a proporcionar asistencia económica y apoyo físico a sus padres.
Además, siendo abogada conoce bien las leyes que protegen a las personas adultas mayores, lo que hace aún más grave su desinterés por sus obligaciones familiares, resalta el escrito fiscal. Indica además, que la situación de supuesta desatención empeoró la vulnerabilidad de las víctimas, quienes requieren cuidados constantes.
El 10 de octubre de 2024, tanto Carlos Parra como Juana Colmán comparecieron ante la Fiscalía y ratificaron la denuncia. Confirmaron que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y que la única hija que les presta alguna asistencia es Mirian Celeste, quien enfrenta limitaciones económicas y de salud que dificultan su capacidad para brindarles el cuidado necesario.
En el marco de la investigación, también se descubrió que María Lourdes Parra recientemente fue procesada en otra causa penal que se tramita en la Unidad Penal Nº 5, a cargo de la fiscal Carolina Gadea, por los supuestos hechos punibles de estafa y apropiación. Las víctimas también son sus padres.
Según los testimonios, la mujer convenció supuestamente a sus padres transferirles todos sus inmuebles bajo el pretexto de que era necesario para evitar un embargo relacionado con una supuesta deuda con una cooperativa. Les aseguró que al realizar la transferencia, protegerían sus bienes y evitarían futuros problemas financieros, un argumento que resultó ser completamente falso y engañoso, según la imputación. También convenció a su madre para reemplazar la titularidad bancaria de su padre, adjudicándose ella como titular de la cuenta de ahorros. De esa manera, supuestamente pudo retirar G. 140 millones, fondos que eran para la subsistencia y los cuidados médicos de los ancianos. Los recursos fueron sustraídos de manera sistemática, agravando la precariedad económica de la pareja de ancianos.
