El agente fiscal Víctor Adolfo Santander imputó a un brasileño que habría perpetrado una estafa que supera los 860 mil dólares americanos en perjuicio de un compatriota, al venderle una propiedad con una orden de remate, en el marco de un juicio ejecutivo iniciado por una entidad bancaria. El imputado, identificado como Valdir Soti Nogueira, de 53 años, enfrenta cargos por el supuesto hecho punible contra el patrimonio (estafa), y se encuentra a disposición de la Justicia.
Según la investigación fiscal, el 1 de noviembre de 2019, el ahora imputado habría concretado la venta del inmueble, situado en la Zona A, en la localidad de Aguapé, distrito de Itakyry, al norte de Alto Paraná. La propiedad, con una extensión de 86 hectáreas, 2927 metros cuadrados y 9210 cm², fue adquirida por Nivaldo Ouriques Kestring por un monto de 862.928 dólares.
Sin embargo, existía una restricción judicial para la venta de la propiedad debido a una orden de remate dispuesta en el marco de la causa «Banco Continental S.A. c/ Valdir Soti Nogueira y otros s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo», que se tramitaba en el Juzgado del 5to turno de Asunción, a cargo del magistrado Alfredo Barrios Jara. El imputado, en el momento de la venta, tenía pleno conocimiento de esta prohibición, refiere la imputación.
Además, el 6 de agosto de 2019, Soti Nogueira, a través de sus abogados, presentó un incidente de nulidad de actuaciones con el objetivo de suspender el remate judicial. Con este planteamiento demuestra su pleno conocimiento acerca de la situación legal de la propiedad. A pesar de ello, procedió a la venta de la misma, incurriendo en un engaño al ocultar la existencia de la prohibición.
El terreno adquirido por la víctima incluía, además de la tierra, diversas instalaciones y cultivos, tales como plantación de soja, un pozo artesiano, viviendas, un tinglado para maquinaria y un corral para vacunos. La adquisición, por el monto total de 862.928 dólares, se formalizó mediante un contrato de compra-venta.
No obstante, a pesar de haber cumplido con el pago acordado, Ouriques Kestring se encontró con la imposibilidad de registrar la propiedad a su nombre, debido a la existencia de la orden judicial. Además, tanto él como la empresa que había arrendado el terreno se vieron envueltos en múltiples denuncias y demandas civiles, con el fin de despojarlos de la finca.
En base a los elementos recolectados en la investigación, que incluyen la denuncia presentada por Ouriques Kestring y su declaración testifical, así como el contrato de compra-venta, el Ministerio Público cuenta con suficientes indicios para sospechar la existencia del hecho punible y la participación del sindicado.
