Ciudad del Este, uno de los polos industriales más importantes del Paraguay, enfrenta una preocupante realidad: la ausencia efectiva del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Mientras cientos de trabajadores son víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos laborales (no hay muchas denuncias formales, porque si hablan, se les echa sin contemplaciones), la Dirección Regional del Trabajo se mantiene pasiva, argumentando que cualquier tipo de inspección o control debe ser previamente autorizado desde Asunción, lo que convierte a la oficina local en una entidad prácticamente decorativa.
La falta de acción del MTESS ha permitido que numerosas empresas, entre ellas maquiladoras, fábricas y principalmente firmas de seguridad privadas, operen sin el más mínimo respeto por las normas estipuladas en el Código Laboral Paraguayo. Los trabajadores en estos sectores no solo son mal remunerados, con salarios que apenas alcanzan el mínimo legal, sino que además laboran en condiciones insalubres y peligrosas, sin las protecciones que la ley debería garantizar.
La maquiladora Hoahi S.A., ubicada en el barrio Don Bosco, es uno de los ejemplos más notorios. Según denuncias, la empresa administrada por paraguayos y cuyos propietarios son el ciudadano oriental Jong Jiang y su familia, somete a sus empleados a un régimen de explotación laboral. Trabajadores de la empresa han denunciado falta de pago por horas extras, ausencia de seguro social, y condiciones de trabajo infrahumanas. Pese a las múltiples denuncias presentadas contra la empresa, ninguna ha prosperado, lo que pone en evidencia el grado de impunidad del que goza su dueño, quien se ufanaría de tener «conexiones políticas» de alto nivel.
Las condiciones en las que operan los empleados de Hoahi S.A. son alarmantes. La infraestructura de la empresa es descrita por algunos trabajadores como una «bomba de tiempo», dado que la fábrica carece de un sistema de detección de incendios, no tiene salidas de emergencia adecuadas y los empleados carecen de equipos de seguridad. Además, las instalaciones sanitarias están en condiciones deplorables, compartidas por más de 1.500 trabajadores que deben trabajar en jornadas de más de ocho horas diarias.
Uno de los aspectos más graves es que, según se informa, los bomberos no pueden inspeccionar las instalaciones debido a la negativa del propietario, lo que levanta sospechas sobre las condiciones de seguridad y operatividad del lugar. A esto se suma el hecho de que los empleados solo cuentan con media hora para almorzar, lo que, debido a las dimensiones de la fábrica, los obliga a comer apresuradamente y en condiciones insalubres.
OFICINA REGIONAL “DECORATIVA”
La Dirección Regional del Trabajo, que debería velar por el cumplimiento de los derechos laborales en Ciudad del Este, parece estar maniatada por su dependencia de Asunción. Los funcionarios de esta oficina justifican su inacción alegando que necesitan autorización de la capital para llevar a cabo cualquier tipo de control u operativo, lo que deja a la región a merced de los empleadores que no cumplen con la ley. Esta burocracia y lentitud solo profundizan la precariedad laboral y perpetúan la explotación de los trabajadores.
El caso de Hoahi S.A. no es un caso aislado. En Ciudad del Este, muchas otras empresas operan fuera del marco de la legalidad laboral, sin que el MTESS tome las acciones necesarias para corregir esta situación. Los derechos de los trabajadores, como el pago de horas extras, vacaciones, el adicional por trabajo en horario nocturno o en días feriados, y el acceso al seguro social, son ignorados por empresas que se aprovechan de la falta de control estatal.
Esta inacción por parte del Estado no solo pone en riesgo a los trabajadores, sino que también permite que empresarios inescrupulosos acumulen ganancias a costa de la dignidad y la seguridad de sus empleados. En momentos en que el gobierno pretende introducir modificaciones al Código Laboral, supuestamente para salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, igualmente debe velar por el cumplimiento de las leyes laborales y garantizar condiciones de trabajo dignas, pues de nada sirve un nuevo Código Laboral, si no hay control efectivo sobre cumplimiento de parte de la patronal.
