La Ley de Deforestación Cero establece la prohibición de la tala de árboles nativos, pero la destrucción de territorios naturales es algo que está en aumento. En ese sentido, desde la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), del Senado, promueven un plan para la reforestación en las comunidades indígenas. Días pasados los miembros se reunieron con líderes del norte del décimo departamento, nucleados en Asociación de Comunidades Avá Guaraní del Alto Paraná (Acigap), que pidieron una contrapartida estatal para desarrollar el plan.
Guido Ramírez, referente de Acigap, explicó que no están ajenos a que se desarrolle un plan para recuperar los bosques en sus comunidades, pero piden que el gobierno les dé un plan para equiparar los ingresos que perciben por el alquiler de las tierras o por la producción que algunos tienen para su autoconsumo, de modo a generar recursos dentro de las comunidades.
“Queremos saber si tienen un plan para las comunidades indígenas, porque nosotros siempre estamos en el olvido, nunca estuvimos en la agenda de las autoridades y queremos que nos digan qué es lo que tienen para nosotros, si ya no vamos a alquilar nuestras tierras o sembrar en ellas para producir alimentos e ingresos para nuestra comunidad”, explicó el líder indígena del distrito de Itakyry.
Asimismo, hizo un mea culpa, al mencionar que realizaron desmontes en sus comunidades y que no están ajenos a una reforestación, pero deben tener dinero para las escuelas, la formación de los miembros de las familias que habitan y varias otras inversiones que requieren en su núcleo habitacional para la subsistencia.
En agosto pasado, los líderes de la comunidad indígena Arroyo Guazú de Minga Porã, denunciaron a los excaciques del lugar por lucrar indebidamente con la tala de árboles nativos que conservan en la zona. Al menos 3 hectáreas de diversas especies fueron destruidas para cultivar eucalipto en el sector, pero lograron frenar el avance de las máquinas, con el compromiso de no echar ni un árbol más, pues advirtieron acciones más severas.
La Ley Nº 6676/20 prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la región oriental que en instancia administrativa dispone que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Forestal Nacional conforme al ámbito de su competencia, mientras que en el ámbito judicial establece un castigo con una pena privativa de libertad de 3 (tres) a 8 (ocho) años.
Al respecto, Guido Ramírez pidió que las exigencias para el cumplimiento de la ley sean para todos, porque existen muchos terratenientes en el Alto Paraná que realizaron desmontes para sembrar monocultivos. La ley es clara, en cuanto a la reforestación y los sitios donde pueden cultivar, pero el atropello al medio ambiente y la destrucción de los recursos es evidente.
UNA MESA DE DIÁLOGO
Las primeras reuniones se realizaron en la Conaderna con el acompañamiento de asesores del Instituto Paraguayo del Indígena y aseguran que no recibieron información suficiente, pero consiguieron que, para el 19 de diciembre, Juan Ramón Benegas Ferreira, titular del Indi, se presente en Itakyry para conversar con todas las comunidades nativas. “Nosotros no descartamos llegar hasta junto al propio Santiago Peña para exigir la contrapartida que nos corresponde”, explicó el líder de esa zona, mencionando que en Itakyry las tierras de su comunidad suman 315 hectáreas, de las cuales solo 93 están mecanizadas.
