Pese a sus numerosos y graves antecedentes, el exjuez Aníbal Duarte Céspedes encabeza la terna para integrar la nueva Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Alto Paraná, generando indignación en el gremio de abogados y preocupación en diversos sectores de la ciudadanía. El exmagistrado, que en el 2020 fue cesado en su cargo por la Corte Suprema de Justicia debido a múltiples denuncias en su contra, encabeza la lista de candidatos para integrar el nuevo Tribunal de Alzada que será creado en la VI Circunscripción Judicial. El hecho genera fuertes críticas, principalmente por los nefastos antecedentes que arrastra Duarte, tanto en el ámbito judicial como académico.
Duarte había ejercido como juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en Hernandarias, pero fue apartado del cargo por decisión de la máxima instancia judicial, debido a cuestionamientos presentados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Según registros del Colegio de Abogados del Alto Paraná, el exmagistrado suma al menos siete denuncias por presunto mal desempeño de funciones, incluyendo decisiones judiciales ampliamente cuestionadas por su arbitrariedad.
A esto se suman denuncias por presunto acoso sexual cuando se desempeñaba como docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este. Las denuncias motivaron su separación de la docencia directa y posterior reasignación como «profesor investigador» en la biblioteca de la UNE, sin contacto directo con alumnos, como medida preventiva.
A pesar de este historial, Duarte aparece hoy como el mejor posicionado en la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura, con un puntaje de 680,7. Abogados del foro local denuncian que esta posición privilegiada respondería a una maniobra política, supuestamente orquestada por aliados con poder dentro del sistema judicial, que estarían operando para asegurar su designación. Se menciona a un conocido a abogado, cercano al vicepresidente Pedro Alliana, como uno de los que están operando a favor del nombramiento de Duarte, así como el abogado Braulio Duarte, exasesor jurídico de la municipalidad de CDE, considerado “hombre leal” del Clan Zacarías.
Mauro Barreto, miembro del Colegio de Abogados del Alto Paraná, recordó que varias de las denuncias contra Duarte fueron «cajoneadas» y nunca llegaron a tener un trámite adecuado. “Es uno de los jueces más cuestionados de la circunscripción. Sus decisiones han causado graves perjuicios a justiciables, en casos donde incluso violó la territorialidad para beneficiar a terceros, supuestamente por mandato político”, denunció.
NEGROS ANTECEDENTES
Uno de los casos más emblemáticos fue la decisión del entonces juez Duarte de enajenar 900 hectáreas de soja en Mayor Otaño, departamento de Itapúa, en una causa con prohibiciones vigentes dispuestas por el juez natural del caso. La superintendencia de la Corte Suprema de Justicia lo denunció ante el JEM por las groseras irregularidades detectadas en otro expediente, relacionado a la familia Eisen, en el cual Duarte habría beneficiado a un supuesto subarrendatario que terminó quedándose con la cosecha.
En el ámbito penal, también fue denunciado por prevaricato por los abogados Alejandro Ruiz Nicolaus y Aurelia Martínez, en el marco de la causa “Domingo Diosnel Penayo Vaida contra Jorge Luis Rodríguez Brozón sobre desalojo a condena futura”, sin que estas acusaciones hayan sido consideradas en el proceso de selección actual. En 2023, Duarte ya había sido ternado para integrar un tribunal de Apelaciones, sin embargo le ganó Julio Avalos Crovato, quien acabó siendo designado por la Corte Suprema.
La eventual designación de Aníbal Duarte como miembro del Tribunal de Alzada preocupa profundamente al gremio de abogados y a diversos actores del sistema judicial, que ven en este caso una muestra más del deterioro institucional y la falta de filtros eficaces en el nombramiento de autoridades judiciales.
