Con 39 denuncias a cuestas, la mayoría por supuestos hechos de corrupción, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), busca afanosamente formar alianzas con referentes del Partido Liberal Radical Auténtico de cara a los comicios presidenciales del 2028. Según el jefe comunal, un liberal debe acompañarlo en la chapa presidencial como vicepresidente. Pero los azules ya adelantaron que no aceptarán, afirmando que el candidato a presidente debe ser de su partido por toda la estructura y el caudal electoral que posee.
Prieto volvió a recordar ayer que tiene interés de convertirse en el próximo presidente de la República, olvidándose que ninguna de las denuncias de corrupción que lleva a sus espaldas, tuvo la capacidad de enfrentar gallardamente. Bajo el argumento que la oposición debe abroquelarse para enfrentar al Partido Colorado en las elecciones generales del 2028, el intendente de CDE intenta posicionar su figura como candidato a la primera magistratura del país, dejando de lado al PLRA y otorgándole la vicepresidencia de manera digitada, sin tan siquiera haberse logrado una reunión y mucho menos unas elecciones para definir la situación.
En este corto lapso de tiempo, Miguel Prieto se erigió en el baluarte de la oposición y sin contar con estructuras, como la que tiene el PLRA a nivel nacional, se estableció como el líder de manera solitaria, buscando imponer candidaturas sin que se haya cumplido con el más mínimo mecanismo de puja electoral, base de toda democracia.
El intendente de Ciudad del Este sigue tentando a la Presidencia de la República, a sabiendas que ni siquiera se ha iniciado el proceso judicial respecto a las denuncias que pesan en su contra ante el Ministerio Público. Al mismo le aguardan dos juicios orales y la determinación de dos jueces sobre dos casos diferentes, respecto a si le otorgan medidas sustitutivas a la prisión, tal como había solicitado en su imputación la Fiscalía. Prieto está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, solo en un caso.
Miguel Prieto, según la carpeta fiscal, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente convocó y promovió una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19. De acuerdo a los elementos recabados, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional al intendente. El perjuicio patrimonial causado en este caso, asciende a los G. 300 millones, según la investigación fiscal, que pidió prisión domiciliaria para el jefe comunal y otras 11 personas.
