Si bien la presión política desajustó los planes del presidente Santiago Peña de modificar la Ley de Fonacide para centralizar la distribución del almuerzo escolar a través del Ministerio de Desarrollo Social, todavía no está nada definido. En el Alto Paraná los intendentes buscan un encuentro con el gobernador César Torres para definir una postura al respecto, ya que serían directamente afectados si esa intención avanza.
Según el equipo técnico del mandatario, el almuerzo escolar no llega a más del 20% de los niños de las escuelas públicas por causa de la mala gestión de los intendentes y gobernadores. Por ello quieren modificar la Ley de Fonacide y centralizar este recurso. El tema estaba siendo manejado entre Santiago Peña, el ministro de Educación, Luis Ramírez, y la jefa de Gabinete, Lea Giménez.
Esta semana, los miembros de la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná definirán una postura, aunque muchos, como Miguel Prieto de Ciudad del Este, salieron a criticar los planes del mandatario. Sin embargo, también muchos jefes comunales de la región tienen sobre sus hombros lapidarios informes de la Contraloría General de la República, sobre el manejo de los fondos del Fonacide.
Los intendentes también señalaron que con la implementación de la alimentación en las escuelas públicas, se contribuyó en la disminución de la deserción escolar y cuestionaron que la intención del gobierno se haya conocido solo por los medios de comunicación y no por un anuncio oficial, como debería ser.
CONTROLES PERMANENTES Y SANCIÓN A LOS CORRUPTOS
La intendenta de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas, indicó que con docentes, supervisores y algunos intendentes se han reunido semanas atrás con el ministro Ramírez, donde coincidieron que lo referente al almuerzo escolar requería algunos cambios, pero lo que se dio a conocer no cayó bien en los administradores comunales.
Salinas explicó que su municipio recibe G. 534 millones, de los cuales el 30% se destina para la alimentación de los alumnos, buscando siempre llegar a las zonas más carenciadas. Por ello, pidió que se hagan controles permanentes o sorpresivos sobre el uso del dinero público y si se encuentran irregularidades, que se sancione a los responsables y no se meta a todos los intendentes “en una misma bolsa”, con el mote de corruptos.
“Otra cuestión que en los municipios del interior tenemos siempre un trabajo coordinado es el espacio a los trabajadores de la agricultura familiar, llevando alimentos frescos para el consumo de los niños. Si esta Ley entra en vigencia, esto puede perderse. Que lleguen en las escuelas y municipalidades y tengan en cuenta a los que hacen la tarea de forma honesta y transparente”, lamentó la intendenta de Santa Rosa del Monday.
El intendente de Raúl Peña y vicepresidente de Amualpa, Gustavo Cano, criticó también el mote de mala gestión que les atribuyeron a los jefes comunales e insistió que los recursos no llegan como corresponde a los municipios. Citó el caso de su comunidad, donde tiene baja asignación del rubro.
“Mi municipio dispone de G. 210 millones al año para el almuerzo escolar en 13 escuelas, una de ellas es subvencionada. Llegamos a 1.500 niños desde el nivel inicial al sexto grado, ya no abarcamos los demás niveles con ese presupuesto”, explicó el intendente.
