Si bien varios jefes comunales del Alto Paraná salieron al paso de las acusaciones de mala gestión con los recursos del Fonacide, hay evidencias respaldadas con documentaciones que presentan severos cuestionamientos del uso de estos recursos para la adquisición del almuerzo escolar y la realización de obras. Algunas oenegés y la Contraloría General de la República demostraron las irregularidades con evidencias y muchos casos fueron remitidos al Ministerio Público.
La intención del Poder Ejecutivo es centralizar los recursos del Fonacide para la provisión del almuerzo escolar, alegando que no llega a más del 20% de los niños de las escuelas públicas por causa de la mala gestión de los intendentes y gobernadores. Hasta el momento la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná no se expidió, pero muchos intendentes dijeron estar indignados porque “todos fueron metidos en la misma bolsa”.
Muchos de ellos no hicieron buena letra con el manejo de estos recursos y uno de los escándalos más recientes se dio en Presidente Franco, cuando primero los alumnos encontraron una cucaracha en el plato de comida que se les sirvió en el almuerzo escolar. Posteriormente padres de familia y docentes de la escuela Saltos del Monday denunciaron que la firma proveedora llevó hamburguesas prácticamente crudas para servir a los chicos.
Se trata de la empresa Copacabana, que tiene un contrato plurianual con la comuna de Presidente Francio por G. 3.026.100.000, siendo el monto de G. 1.375.500.000 lo correspondiente al año 2023. La provisión del almuerzo escolar es costeada con los recursos provenientes del Fonacide y pese a todos los cuestionamientos, no cesaron el nexo contractual con la firma.
EN MINGA GUAZÚ
El intendente de Minga Guazú, Diego Ríos, fue blanco de un lapidario informe de la CGR por el mal uso de los recursos del Fonacide para la alimentación de los niños de las escuelas públicas de su distrito. El caso fue enviado a la unidad especializada de delitos económicos del Ministerio Público.
Según el informe, Ríos no entregó almuerzos a las escuelas que figuraban en el contrato con la firma FASV Import – Export, por un monto de G. 1.946.270.00. El órgano contralor hizo referencia que la comuna minguera no cumplió con las formas y condiciones de pago a dicha empresa, porque pagaron sin recibir las documentaciones establecidas de parte del proveedor que no cumplió a cabalidad lo establecido en el contrato.
En ese sentido, la CGR expuso también que la municipalidad no aplicó ninguna multa a la empresa proveedora de alimentos por no entregar las raciones correspondientes a escuelas que estaban incluidas en las cláusulas del contrato. Asimismo, se dieron casos donde se llevó comida en menor cantidad que la de alumnos y muchas veces los niños tuvieron que partir las frutas para que alcance a todos.
EN HERNANDARIAS
En Hernandarias también hay numerosas críticas a la gestión de Nelson Cano. En el año 2022, uno de los casos más polémicos fue el supuesto pago irregular a la Iglesia Dios del Paraguay por un monto de G. 3.900 millones. Por el caso, el jefe comunal fue denunciado ante la Fiscalía por estafa, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Las construcciones con recursos del Fonacide que fueron dejadas a medias, pésima calidad de obras y pedidos que nunca fueron atendidos, también son puntos que salpican la gestión de Cano y que fueron denunciados públicamente por contralores de estos trabajos.
CIUDAD DEL ESTE
En el caso de Ciudad del Este, en el 2022, el intendente Miguel Prieto había mencionado que fueron beneficiados 4.991 niños en 12 instituciones educativas, con una adjudicación por valor de G. 6.251.227.500. Por entonces, el jefe comunal esteño había dicho que disminuyeron los costos de los alimentos para llegar a más escuelas.
Tanto el órgano contralor como el equipo de ReAcción Paraguay, han presentado informes detallados con respaldo documental sobre el manejo de los recursos destinados a la alimentación de niños en edad escolar, donde han señalado varias irregularidades detectadas que son punibles y merecen una investigación penal.
En cuanto a obras, la CGR y la organización Observatorio Educativo Ciudadano, habían señalado que no se rindieron cuentas sobre las inversiones en Ciudad del Este, entre los años 2019 y 2020.
