En las últimas semanas, los intendentes de todo el país han alzado su voz en un aparente «pie de guerra» contra la propuesta del presidente Santiago Peña de eliminar el programa Fonacide, que ha estado bajo su gestión durante la última década. Sin embargo, es crucial recordar que este alboroto se produce en medio de denuncias persistentes de irregularidades y corrupción que han empañado la administración discrecional de estos fondos por parte de los jefes comunales.
Durante 10 años los intendentes han manejado los recursos del Fonacide sin rendir cuentas o hacerlo de manera muy deficitaria, acumulando más de 100 denuncias de venalidad, según el Sindicato Nacional de Directores. En lugar de abordar estas acusaciones, los líderes municipales, encabezados por figuras como Edoard Schaffrath de Naranjal, buscan mantener su derecho a manejar estos fondos de manera discrecional.
En el periodo 2018-2023, el Gobierno Nacional destinó más de 8 billones de guaraníes a los recursos del Fonacide. De estos, el 30% estaba designado para el almuerzo escolar, totalizando 2,4 billones de guaraníes, según la Contraloría General de la República. A pesar de estos recursos aparentemente suficientes, la falta de transparencia en la ejecución del programa ha llevado a numerosas denuncias, incluyendo faltantes de kits alimentarios, alimentos en mal estado y otras irregularidades.
Ante la propuesta del presidente Peña de eliminar el Fonacide y crear el Fonae para una administración más eficiente, los intendentes se resisten, olvidando convenientemente la petición previa del Sinadi de abrir un debate público sobre la ley del Fonacide para modificarla. Esta omisión revela una preocupante falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Miguel Marecos, presidente del Sinadi, ha denunciado durante años el despilfarro y mal uso de los recursos destinados a la infraestructura y alimentación escolar, involucrando a más de 100 intendentes y gobernadores. A pesar de estas denuncias, la justicia no ha actuado, dejando impunes presuntos actos de corrupción.
Es evidente que la administración del Fonacide se ha convertido en una «gallina de los huevos de oro» para muchos intendentes, utilizándola como su única fuente de ingresos extra. Este abuso de recursos, en colaboración con empresarios inescrupulosos, ha llevado a irregularidades que perjudican directamente a los niños y jóvenes que dependen del almuerzo escolar.
Es hora de poner fin a esta saga de opacidad y falta de responsabilidad. La propuesta de Peña para reestructurar la gestión de estos fondos es una oportunidad para corregir el rumbo y garantizar que los recursos del Fonacide sirvan verdaderamente para el bienestar de los estudiantes. Es imperativo implementar cambios en la manera en que se manejan estos recursos, ya que los intendentes han tenido una década para demostrar su competencia y transparencia, pero han desaprovechado miserablemente esta oportunidad en nombre de la corrupción y el bandidaje.
La justicia debe intervenir de manera contundente. Es esencial que aquellos intendentes que hayan cometido hechos de corrupción sean investigados y condenados. La impunidad no puede ser la norma, y la sociedad exige respuestas ante las graves denuncias presentadas.
Finalmente, subrayamos que todos los niños tienen derecho a una alimentación saludable y equilibrada, provista por el Estado. La transparencia en la administración de los fondos del Fonacide es esencial para garantizar que este derecho sea una realidad para cada estudiante. La infancia no puede ser víctima de la negligencia y corrupción de unos pocos. El Estado tiene la responsabilidad ineludible de asegurar un futuro saludable y próspero para las generaciones venideras, y esto comienza con la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a la alimentación escolar.
