La investigación por presuntas irregularidades en la millonaria ampliación del polideportivo municipal de Presidente Franco sigue sin avances concretos, a pesar que ya pasaron más de seis meses desde que el concejal municipal Hugo Mendoza (ANR) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. La inacción fiscal, sumada a las evidencias de una ejecución deficiente de las obras, refuerza las sospechas de un posible encubrimiento y pone en duda el compromiso institucional de luchar contra la corrupción en los gobiernos municipales.
La obra denunciada fue adjudicada por G. 464 millones a la empresa Fann S.A., bajo la gestión del intendente liberal Roque Godoy, quien ya cuenta con varios antecedentes de manejos cuestionables durante sus dos mandatos consecutivos al frente del municipio. En este caso, la gravedad radica en que la obra fue certificada como concluida en enero de 2024, cuando en realidad apenas habían iniciado los trabajos.
A pesar de estos elementos claros, la fiscal Thais García, responsable de la causa, no ha imputado a ningún funcionario municipal ni convocado a testificar a los responsables de la adjudicación. Esta actitud ha despertado duras críticas por parte de ciudadanos organizados, medios de comunicación locales y concejales de la oposición, quienes exigen una actuación firme por parte del Ministerio Público.
OBRAS DE PÉSIMA CALIDAD
Lejos de tratarse de una obra ejemplar, el polideportivo remodelado hoy presenta claras señales de desgaste: pintura descascarada, filtraciones y grietas, pese a que las reformas ni siquiera han cumplido un año desde su conclusión. Según técnicos consultados de forma independiente, muchos de los trabajos realizados no cumplen con las condiciones mínimas de durabilidad, lo que pone en duda si se siguieron los procedimientos adecuados o si hubo recortes arbitrarios en los materiales utilizados.
“Se nota que se hizo todo apurado, para justificar el gasto antes de que cierre el ejercicio fiscal. Pero la calidad de la obra habla por sí sola: es un derroche de dinero público para una estructura que ya se está cayendo a pedazos”, lamentó un vecino del Área 5.
Uno de los elementos más comprometedores en el expediente es el acta de recepción definitiva firmada por el director de Obras, Cristhian Ortiz, quien validó la finalización de la obra en tiempo y forma. Esta acta fue presentada en la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2023, lo que permitió a la administración municipal cerrar el año sin observaciones contables. Sin embargo, existen fotografías, videos y testimonios que demuestran que en ese momento la obra aún no estaba ni en un 10% de ejecución, lo que podría configurar un hecho punible de producción de documentos no auténticos, lesión de confianza y estafa al Estado.
La denuncia presentada por Mendoza también apunta a la alteración de los precios del contrato. Aunque inicialmente se fijó el monto en G. 464 millones, luego se realizaron ajustes presupuestarios que elevaron el costo a cerca de G. 764 millones, con la excusa de “errores de cálculo”. Sin embargo, estos reajustes se hicieron sin respaldo técnico suficiente, y sin que se haya iniciado un nuevo proceso licitatorio, lo cual viola la Ley de Contrataciones Públicas.
Pese a la contundencia de las pruebas, la investigación no fue derivada a una unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, como lo exige el protocolo cuando están en juego fondos públicos. El expediente fue dejado en manos de una unidad fiscal ordinaria, lo que ha sido interpretado por muchos como una maniobra deliberada para diluir responsabilidades y evitar imputaciones.
El concejal Mendoza cuestionó duramente esta situación. “Estamos ante una de las irregularidades más evidentes y groseras de los últimos tiempos. Si la Fiscalía no actúa con firmeza, se va a sentar un peligroso precedente para que cualquier intendente haga lo mismo sin consecuencias”, expresó.
Roque Godoy, intendente de Presidente Franco desde el año 2015, mantiene una estrecha relación con sectores políticos que responden al oficialismo liberal y a alianzas coyunturales con referentes del cartismo. Su esposa, la actual diputada Roya Torres, es mencionada como su posible sucesora en las elecciones municipales del 2026.
