Un grupo de jubilados de Itaipú Binacional, víctimas de una megaestafa perpetrada a través de la extinta Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Producción, Consumo y Trabajo de la Itaipú Binacional, teme que la causa prescriba debido a las constantes chicanas promovidas por los procesados y la inoperancia del Ministerio Público, representado por el agente fiscal Adolfo Santander. La denuncia se encuentra estancada en la justicia hace más de cinco años, sin avances significativos, mientras los acusados buscan evadir el juicio oral mediante maniobras dilatorias.
Según la denuncia, los directivos de la Ameebi se habrían apropiado de más de US$ 3 millones, dejando sin ahorros a cientos de socios, en su mayoría adultos mayores. Uno de los principales acusados es el ex tesorero de la cooperativa, Aldo David Acosta Brítez, hermano de la improductiva diputada colorada Liz Acosta. Se sospecha que la parlamentaria podría estar ejerciendo influencias en el ámbito judicial para frenar la causa.
El abogado Lulio Vicente Gamarra, representante legal de 16 afectados, alertó sobre el peligro de que el caso quede impune. «La causa está en la Cámara de Apelaciones hace ocho meses sin avances. Estamos bajo dos fuegos: la defensa, que usa chicanas para retrasar el proceso, y la lentitud del sistema judicial», advirtió. Agregó que, si no se logra llegar pronto a juicio oral, los afectados perderán definitivamente su dinero.
El fiscal Adolfo Santander, a cargo del caso en Hernandarias, ha sido criticado por su falta de acción. A pesar de contar con pruebas como pericias contables y de gestión, el Ministerio Público no ha impulsado diligencias claves para llevar a los responsables a juicio. En diálogo con este medio, Santander demostró desconocer detalles fundamentales del expediente, lo que refuerza la percepción de inoperancia en la investigación. A la mayoría de las preguntas, el mismo no podía responder por “no recordar” o no encontrarse en su oficina, supuestamente.
Santander aseguró en entrevista con radio La Clave que la causa ya está acusada y que se realizó la audiencia preliminar correspondiente. Sin embargo, indicó que el proceso se encuentra actualmente en la Cámara de Apelaciones debido a una serie de incidentes planteados por la defensa de los procesados. “Apenas tomé intervención en la causa, se le dio el impulso oportuno y se presentó la acusación”, manifestó el fiscal Santander, aunque reconoció que no recuerda con exactitud la cantidad de acusados ni la situación actual en la Cámara de Apelaciones. “Si me llamaban en la mañana, podía revisar los antecedentes, pero ahora no tengo los datos a mano”, respondió ante las consultas sobre el estado procesal, fingiendo desconocimiento.
A pesar de la magnitud del fraude, las víctimas han denunciado la inoperancia del Ministerio Público, señalando que no ha tomado las iniciativas necesarias para agilizar el proceso. Sin embargo, el fiscal Santander desmintió estas acusaciones y afirmó que el Ministerio Público reunió todas las pruebas necesarias para sustentar la acusación. “No se omitió absolutamente nada. Las víctimas tienen su representación dentro del proceso a través de sus abogados. Si hubiésemos actuado con negligencia, la acusación no se habría presentado”, argumentó el fiscal.
ANTECEDENTES DEL CASO
La Ameebi operó con normalidad hasta 2017, cuando se detectaron irregularidades financieras. En 2018, el Instituto Nacional de Cooperativismo intervino y confirmó un desfalco de más de US$ 3 millones, derivado de una mala administración y el desvío de fondos. Como resultado, en mayo de 2019, el Incoop retiró la autorización de la cooperativa y canceló su inscripción.
El fiscal Alcides Giménez imputó a los directivos por Apropiación y Lesión de Confianza. En 2020, la Fiscalía formuló acusación y solicitó la elevación del caso a juicio oral. Sin embargo, la defensa ha logrado paralizar el proceso mediante recusaciones y maniobras jurídicas. Entre los acusados figuran Ángel Darío Orué Ayala (presidente), Cándido Waldemar Benítez (vicepresidente), Darío Fernández (secretario), Aldo David Acosta Brítez (tesorero) y Matías Garay Oviedo (gerente general).
Muchos de los afectados perdieron sus ahorros de toda la vida, invertidos en certificados de depósito a plazo (CDA). «Algunos socios perdieron hasta 1.500 millones de guaraníes. Sus aportes desaparecieron y, hasta la fecha, nadie les da una solución», lamentó Gamarra.
Las víctimas exigen que la Cámara de Apelaciones destrabe la causa y que el Ministerio Público actúe con mayor diligencia para evitar que el caso prescriba, garantizando que los responsables sean finalmente juzgados y que los afectados obtengan justicia.
