El violento desalojo del que fueron objetos varias familias asentadas en la zona conocida como “Finca 66”, ocurrido el miércoles último, desnudó una penosa realidad, al tiempo de evidenciar la ineficiencia con que se trató el conflicto por parte de Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este. Este afirmó que la comuna hizo todo a su alcance para regularizar la posesión de ese inmueble, a lo que el juez que ordenó el desalojo le respondió que sus afirmaciones no se ajustan a la verdad.
El Dr. Mario Aguayo es el magistrado que ordenó el desalojo de tres familias de sus respectivos inmuebles, quien explicó que la medida se tomó en virtud a juicio de reivindicación de inmuebles que cumplieron con todos sus plazos. Igualmente, aclaró que la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Miguel Prieto, nada hizo para regularizar dicho inmueble, ya que si tuviera la posesión de esas tierras ya hubieran realizado un juicio para anular los títulos de los particulares, pero nunca se hizo, explicó. “Si dicen que es de la Municipalidad, tendrían que entablar un juicio de nulidad de título y no lo hicieron”, aclaró.
Por un lado, la Municipalidad de Ciudad del Este reclama la posesión y, por el otro, personas particulares, de igual manera, dicen ser los propietarios de dicha porción de tierra. La comuna informó que en su momento presentó una medida cautelar de prohibición de innovar (suspensión de desalojos), hasta tanto se resolviera la mensura judicial, pero el pedido fue rechazado por la justicia ordinaria, según habían explicado.
Al respecto, el juez Aguayo explicó que ordenó el desalojo en una causa que duró muchos años y que incluso los afectados no se presentaron, desmintiendo de nuevo al intendente de Ciudad del Este, quien dijo que este desalojo tuvo trámite sumarísimo. “Yo emití los tres mandamientos en medio de una acción reivindicatoria, con títulos de propiedad de personas que fueron adjudicadas en una sucesión y, la que firmó esa adjudicación, es una jueza de 4º turno de Asunción, el expediente ha pasado por todas las instancias y los afectados nunca se presentaron a contestar”, añadió.
El magistrado sostuvo que en el proceso no se objetó la validez del título, por lo que no tuvo otro camino que ordenar el desahucio. “Mientras que nadie objete el título, tengo que dar curso. Yo no estoy para investigar el origen del título, esa es una cuestión penal. En la sentencia misma se intima a los afectados por el término de 10 días a cumplir la orden judicial y ni aun así contestaron. Este es un expediente de vieja data y es lamentable que Miguel Prieto ande diciendo lo que dice. Él es abogado y tiene que tener los conocimientos necesarios”, replicó.
Prieto refirió en todo momento que la Municipalidad de Ciudad del Este es propietaria de ese terreno. Sin embargo, nunca recurrió a la Justicia en busca de anular esos títulos que hoy están en manos privadas, menos bajo el dominio de la comuna. Aseveró que la Finca 66 se había expropiado a favor de la comuna, pero nunca abonó nada por la propiedad en litigio.
