La Juez de Primera Instancia en lo Laboral del Tercer Turno del Alto Paraná dio lugar al amparo constitucional promovido por la Contraloría Ciudadana de Minga Guazú contra la municipalidad administrada por el intendente Diego Ríos (Yo Creo), que ahora se ve obligado a responder a dicha entidad sin fines de lucro todos los informes exigidos. De esta manera, el cuestionado jefe comunal sufre un nuevo revés, luego que tuviera que vetar el proyecto del vertedero intermunicipal que pretendía imponer a tambor batiente en el Km 20 Monday, con la complicidad de un grupo de concejales obsecuentes.
La juez Laura Olazar Rivas, del Tercer Turno en lo Laboral de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, dio trámite al amparo constitucional presentado por la Contraloría Ciudadana de Minga Guazú, entidad sin fines de lucro que había denunciado la violación de la Ley Nº 5.282 de Transparencia. Esto ante la negativa del intendente Diego Ríos de rendir cuentas a la organización civil.
Cabe recordar que desde el año pasado dicho órgano civil viene solicitando informes respecto a la cuestionada administración de Ríos, que persistentemente se niega a proveer los documentos requeridos. A raíz de ello recurrieron a la justicia y presentaron un recurso de amparo que fue contestado positivamente por la juez.
De esta manera, el intendente Diego Ríos está obligado a rendir cuentas respecto a varias construcciones hechas con dinero del Fonacide y otros rubros. Ante la decisión judicial, los integrantes de la Contraloría Ciudadana indicaron que permanecerán expectantes, ya que el jefe comunal se acostumbró a no responder a la ciudadanía y mucho menos a quienes lo vienen denunciando por diversos hechos punibles.
Uno de los pedidos es saber en qué se gastaron los G. 190 millones destinados a la compra de insumos para la capa asfáltica y dónde se dejaron los materiales que se adquirieron con dinero de los Royalties, en el segundo cuatrimestre del 2023. Igualmente, solicitaron informes al ejecutivo municipal minguero respecto a los materiales de construcción adquiridos a través de la empresa JR, que sería de un empresario “amigo” del jefe comunal.
NUEVO REVÉS PARA RÍOS
De esta manera, el intendente Diego Ríos sufre un nuevo revés en pocos días, ya que la semana pasada debió vetar el proyecto del vertedero intermunicipal en el Km 20 Monday, tras la fuerte reacción ciudadana en contra del polémico proyecto. La Junta Municipal había aprobado el pedido de arrendamiento de un inmueble municipal del propio jefe comunal, sin estudio previo ni dictamen de comisiones asesoras, en beneficio de una empresa que pretendía explotar un relleno sanitario (vertedero) en el mencionado lugar. Uno de los principales cuestionamientos era la suma ínfima de 833 mil guaraníes mensuales que el municipio recibiría por el alquiler del terreno, a pesar del tremendo daño ecológico que eso causaría, según la denuncia de los vecinos.
El terreno en cuestión está ubicado en el Km 20 Monday y había sido adquirido durante la gestión del ex intendente Digno Caballero (ANR), quien incluso había sido imputado junto a otros dos funcionarios por delito ambiental, debido a que el vertedero municipal funcionaba de forma ilegal. Tras la imputación de Caballero, el vertedero fue cerrado por el Ministerio del Ambiente por no reunir las condiciones mínimas necesarias. Diego Ríos y sus concejales serviles intentaron reabrir nuevamente el basurero sin que se haya presentado un estudio de impacto ambiental, ni socializado con los vecinos la forma como iban a tratar los residuos.
