A modo de ilustración, la burocracia está conceptualizada como toda organización “regulada por normas” que implica un orden racional “para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios”, en este caso acciones dentro de lo estatal. El objetivo de la burocracia, es custodiar la legalidad y el correcto actuar dentro del estamento público.
Pero en ocasiones, o mejor en muchísimas ocasiones, los encargados de custodiar legalidades y hacer cumplir reglas, se valen de normativas para trabar y mostrar soberbias. Y en materia de trabar, se hace referencia al propósito de por medio de ella, lograr beneficios.
El uso indebido de la burocracia ha sido tan recurrente que en el debate público se ha vuelto normal. Afecta gravemente el funcionamiento del Estado y la calidad de vida de sus ciudadanos.
La burocracia, diseñada para facilitar y regular la administración pública, se convirtió en una herramienta de abuso y corrupción, desvirtuando su propósito original.
Formalismos, como el caso puntual de los bomberos voluntarios que fueron expulsados de su propia colecta para seguir funcionando por parte de la Patrulla Caminera, muestra que lejos del mismo sentido común, la norma es utilizada para hacer saber “quien manda”, y no por el interés de que todo fluya en concordancia de ella.
La bastardeada burocracia genera una serie de dificultades que se centralizan en ineficiencia y la denigración de servidores estatales, todo con el fin de obtener beneficios ilícitos o recaudar indebidamente.
La lentitud en la ejecución de proyectos e iniciativas públicas, no pasan por el criterio formal, sino por la malvivencia de funcionarios que viven de la coima y del interés personal.
Los procedimientos, que deben agilizar el acceso a servicios esenciales como la salud, educación y justicia, en demasiadas ocasiones se vuelven laberintos administrativos que fomentan la desesperanza y el malestar ciudadano. La falta de transparencia y la complejidad en los trámites abren la puerta al soborno y a la coacción, donde aquellos que tienen los medios económicos o contactos adecuados logran saltarse pasos o agilizar sus gestiones, mientras que el ciudadano común queda relegado.
La denigración de esta figura de garantía, pasó a ser una práctica común como parte de este sistema corrupto de antaño. La misma reputación de ciertos funcionarios o ciudadanos, antecede que los fines no son protección de recursos de todos, sino desviar la atención de prácticas ilícitas o para crear cortinas de humo que justifiquen la mala gestión de fondos públicos.
La recaudación indebida se convierte en uno de los principales objetivos de estas maniobras. Funcionarios corruptos y grupos de poder utilizan su posición para crear mecanismos infranqueables, dando así vida igualmente a los “gestores”, que no son más que anexos de organizaciones delincuenciales de guante blanco que cobran tarifas ilegales por servicios que deben ser gratuitos. Todo esto ayuda a fortalecer el ciclo de desigualdad, donde el acceso a derechos básicos depende del poder adquisitivo o las conexiones políticas, socavando las bases del Estado de derecho y minando la confianza en las instituciones.
El desafío es reformar estos sistemas burocráticos para que sean más eficientes, transparentes y accesibles para todos. Es esencial que las instituciones se fortalezcan y que los mecanismos de control interno sean efectivos para evitar el uso indebido del poder y la corrupción. Esta será la manera de avanzar hacia una sociedad justa y equitativa, donde la administración pública sirva verdaderamente al bienestar de la población y no a intereses de malvivientes que fungen de funcionarios públicos.
