Hace un buen tiempo el sistema de jubilaciones en Paraguay enfrenta una crisis estructural que amenaza su sostenibilidad financiera así como su misma legitimidad social.
Las cajas de jubilaciones, que en teoría son responsables de garantizar un retiro medianamente digno para miles de trabajadores, han sido objeto de cuestionamientos debido a prácticas de gestión ineficientes, falta de transparencia y, en muchos casos, presuntas irregularidades en el uso de los fondos.
La desigualdad en la custodia y uso de los fondos jubilatorios también es un mal a combatir, pues las injusticias son cada vez más notorias. Los casos de jubilaciones VIP, confirman lo abominable.
La principal problemática radica en que muchas cajas operan bajo modelos insostenibles, con un desequilibrio entre los aportes recibidos y los beneficios pagados. Este desequilibrio se agrava por el natural envejecimiento de la población y la falta de actualización en su funcionamiento a largo plazo.
La inexistencia de mecanismos sólidos de control permite que los fondos sean vulnerables a malos manejos y decisiones políticas que priorizan intereses particulares sobre el bienestar colectivo. Y este es el punto de inflexión siempre.
El saneamiento integral de las cajas de jubilaciones no es solo una medida técnica, sino una necesidad ética y política. La nueva ley de jubilaciones y pensiones Nº 7235/23, regula y supervisa las entidades de jubilaciones y pensiones del país, creando la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que tiene la responsabilidad de velar por la adecuada administración de los fondos, que al menos como prosa es hermosa, debiendo bajar a la praxis antes que el caos sea inevitable.
Es imprescindible auditar de manera rigurosa el estado financiero de cada caja, identificar irregularidades y sancionar a los responsables de gestiones inapropiadas. Este proceso debe ir acompañado de una modernización en los sistemas de gestión, incorporando estándares internacionales de transparencia y eficiencia.
Los mecanismos de protección tienen que estar vigentes, no solo ser letra muerta, pues hay que garantizar la sostenibilidad hoy.
La implementación de un marco regulatorio robusto, con reglas claras y fiscalización continua, así como la promoción de una cultura de previsión social que fomente el ahorro y la responsabilidad compartida entre los aportantes, el Estado y las entidades gestoras, sí será el camino a seguir, toda vez que se lleve a la práctica.
El futuro de las jubilaciones en Paraguay sigue siendo incierto, pues depende de decisiones firmes y concertadas que prioricen el interés colectivo sobre las disputas sectoriales.
No actuar con celeridad pondrá en riesgo no solo el bienestar de los jubilados actuales, sino también la estabilidad de las generaciones venideras.
