Cuando los órganos contralores están compuestos por miembros con vicios de la corrupción, hace que lo indebido sea incólume en el país, predominando la impunidad ante robos desvergonzados de la cosa pública.
Es por ello que en el Paraguay la Justicia aún es benevolente con quienes tienen poder económico, generando responsabilidades relativas. Desde el momento en que la fiscalía tiene más causas perdidas que ganadas, no precisamente por genialidades de defensores de transgresores de las leyes, sino por mediocridad adrede, se falsea la representación ante los órganos jurisdiccionales.
Hay muestras palpables que hay fallas en estamentos de relevancia para el correcto uso de bienes públicos, pues los organismos y entidades del Estado son inspeccionados constantemente, sus rendiciones de cuentas aprobadas y hasta se alardea de ello, pese a que las certezas de lo mediocre lo contradigan.
Las ciudades y departamentos no precisamente brillan por obras públicas y mucho menos se construyeron servicios públicos de calidad para bien de los habitantes, por lo que es evidente que algo anda mal.
Las juntas municipales y departamentales, hace décadas pasaron a ser extensiones de los ejecutivos, dejando de lado funciones de contralores a cambio de pagos para solo aprobarse lo que le ordenan. Se blinda a los que roban en nombre del pueblo.
No se tienen órganos fiables y objetivos. No hay garantía real que los controles sobre el manejo de la cosa pública sean realmente en concordancia a los lineamientos legales.
Es como que hay una conjunción de ladrones juzgando a ladrones.
A nivel nacional no es diferente, pues el Poder Legislativo tiene a pescadores profesionales. Senadores y diputados a la pesca de beneficios económicos y políticos.
Con la Policía Nacional carcomida por marginales de cuello blanco y bandidos que visten uniformes, es muy difícil que se genere algo de seguridad para el pueblo. Las estructuras de vigilancia no cumplen con su función, por lo que el resultado no puede ser otro.
Desde el momento en que los que están obligados a cuidar que los ejecutores de los bienes públicos utilicen distintas varas se rompe toda garantía, por lo que las dudas ciudadanas son válidas.
Las vidas opulentas de quienes ingresaron a la función pública de la noche a la mañana, es fruto no precisamente del esfuerzo honesto.
Solo un pequeño grupo está feliz, y justo a costa del dinero de los contribuyentes.
La corrupción es un hecho presente y no se tuvo oposición, pese a promesas de diferencias.
La inmoralidad de los juzgadores tiene efectos profundamente negativos para un país, socavando la confianza pública, fomentando la corrupción, aumentando la injusticia y la desigualdad, desestabilizando la sociedad y obstaculizando el desarrollo democrático. Es esencial para el bienestar de cualquier nación que sus jueces y funcionarios contralores actúen con la más alta integridad y ética, garantizando que la justicia se administre de manera equitativa y transparente. Sin un Poder Judicial moralmente íntegro, con órganos de control defectuosos, el estado de derecho y, en última instancia, la democracia misma, están en constante peligro.
