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La igualdad ante la ley invalida autojustificaciones

La exigencia de impunidad por una supuesta pobreza material o por la reiterada justicia prostituida, no tiene mucho de coherencia y menos validez, al menos en una sociedad ávida del restablecimiento de lo correcto.

Todo lo que sea contrario a la norma no debería quedar atenuado por cuestiones de clases sociales o económicas. De hecho, esa realidad es la que destruye la seguridad jurídica y el Estado de Derecho.

Parecen asuntos baladíes, pero desde conectarse irregularmente al tendido eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad, y hasta ingresar un producto del extranjero sin tributar, existiendo normas para ello, son asuntos repudiables por el sistema jurídico nacional.

Es  falaz justificar estas conductas irregulares como válidas. Son excusas débiles para lucrar con la ilegalidad.

Manipular usos de servicios públicos, intentar cubrir ingresos falseando datos, es cuestionable no solo en diputados y senadores, también en ciudadanos que critican corrupciones ajenas, obviado la propia. El ciudadano también es corrupto cuando evade impuestos.

Eludir pagos con autojustificaciones, solo sirve para minimizar requerimientos de la conciencia.

La ley debe regir para todos, ese es el pedido coincidente del 99% de los paraguayos, pero incluye también al pueblo.

La falta de castigo para evasores sostiene a la verdadera injusticia, independientemente a los niveles de acciones ilegales. El que roba mil guaraníes, es igual a quien despoja millones. Es ladrón.

Todo quien se someta al esquema de evasión, pagando coimas, también es un bandido. Es muy fácil atacar solo a quienes reciben dádivas para no sancionar. La corrupción es bilateral, siempre.

Las necesidades económicas no extraordinarias, no convierten lo ilegal en aplaudible o normal. Hay un marco regulatorio que es exigible a la generalidad de quienes habitan el territorio nacional, que debe imponerse al “rey, al séquito y al común”.

Una ciudadanía íntegra, reúne todos los méritos para exigencias firmes a quienes se salen de la honestidad plena.

La impunidad es promotora de hechos punibles, siendo el mayor responsable de esto el propio Gobierno, que se valió de la pasividad y hasta complicidad del pueblo.

La población quizás no se percate, pero cuando actúa de manera incorrecta, se vuelve parte y alimentador de la corrupción que lo afecta más severamente. Es como ser verdugo de uno mismo.

La población toda también debe regirse dentro del marco de la ley, comprender que desobedecerla es un delito castigable y que la pobreza jamás debe ser argumento para delinquir. El robo de otros, no brinda derechos a cometer delitos.

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