En el manejo de los recursos públicos debería ser imperdonable no seguir los lineamientos propios de su correcto uso y la rendición de cuentas.
Que la actual administración de la Gobernación del Alto Paraná figure como morosa en materia de presentar resultados de su gestión de Recursos Específicos del tercer cuatrimestre del 2023 al Ministerio de Economía, no tiene ninguna justificación válida, al menos para manejos transparentes y eficientes.
La ineptitud en la función pública es un acto de corrupción, por lo que minimizarlo y repetirlo no puede tener la comprensión maternal de ningún Gobierno, al menos si en verdad se quiere ordenar la casa y encaminar al país a un mejor porvenir.
Figurar en la lista de “deudores” de explicar documentalmente qué, cómo, dónde y resultados del uso de dinero del pueblo a estamentos contralores, es en el mejor de los casos de mediocres.
Errores por burocracias no son perdonables en quienes tienen sobrada experiencia en administración pública, por lo que especular sobre la voluntariedad en ellas no es un desacierto. No se puede fallar en el mínimo.
El dinero que se maneja en instituciones como la Gobernación, sale del bolsillo de la gente, de ahí la trascendencia de su celoso buen uso. No rendir cuentas en tiempo y forma no debe ser solo una cuestión administrativa, sino penal.
Este tipo de hechos son los que dan razón al propósito de buscar mecanismos mejorados para la reinversión del dinero de contribuyentes, y no solo seguir beneficiando a titulares de entes y secuaces.
César “Landy” Torres tiene una deuda con la transparencia ya al inicio de su gestión, por lo que corregirlo inmediatamente no es una opción, sino obligación.
La población no puede también seguir en el mismo esquema de status quo, siendo permisivo con ineptitudes. Si de 17 gobernaciones, 8 cumplieron con su deber y obligación, significa que es totalmente factible realizarlo. El resto, la mayoría, debería cuanto menos sentir vergüenza. Aunque está en duda eso de que aún sientan pena por ineficiencias. Si ni por robar merienda escolar se ruborizan.
Las rendiciones tienen el fin de cumplir con leyes de buena administración, y es el primer parámetro oficial para juzgar a gobernadores, por lo que las calificaciones insuficientes tienen respaldo legal. Cuanto más ineficiencia o descaro exista en la gestión de gobiernos departamentales, más razones se dará para eliminarlos, pues de momento no hay mejorías sustanciales en rubros donde supuestamente deberían activar directamente por cercanía, conocimiento de los problemas comunitarios y por compromiso de ser natural de regiones.
La descentralización no mejoró en el nivel deseado acciones para erradicar males de la sociedad. Lo que sí se descentralizó óptimamente fueron los negociados que convirtieron en multimillonarios a autoridades.
El pueblo no es tonto, y cuando hay más explicaciones que hechos, ni siquiera es necesario debatir sobre mediocridades. La sentencia ciudadana debe ser implacable contra ejecutivos manipuladores e insuficientes.
