En el libro de poesías llamada Constitución Nacional establece en su artículo 73 el derecho de todos los habitantes a la educación, garantizando que la misma sea obligatoria, gratuita y progresiva en los niveles inicial, básico y medio en las instituciones públicas del país. Como si no fuera poco, este principio se refuerza con la Ley General de Educación, que regula el sistema educativo y subraya el carácter gratuito de la enseñanza en todos sus niveles, teniendo como base la garantía de la igualdad de oportunidades.
Sumando a las disposiciones como hermosos versos, Paraguay es signatario de acuerdos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que también ponen en relieve la educación sin costo como un derecho fundamental.
Pero la realidad despierta ante un servicio público de vital importancia que enfrenta serios desafíos, donde la gratuidad es ciencia ficción, y la calidad algo hasta impensable. En teoría, la educación en las instituciones públicas no debería implicar costos para las familias. Sin embargo, en la práctica, los padres asumen gastos directos e indirectos, apareciendo siempre las famosas cuotas voluntarias o aportes no tan voluntarios. Esto representa una barrera económica significativa para las familias de menores ingresos, especialmente en áreas rurales donde se resiente aún más las precariedades.
Además, las instituciones educativas enfrentan problemas de infraestructura, falta de recursos pedagógicos y una disponibilidad limitada de tecnología. Muchos colegios no cuentan con condiciones adecuadas para el aprendizaje, como aulas seguras, acceso a agua potable o baños en buen estado.
Una de las principales necesidades es la mejora de la infraestructura escolar. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias, un alto porcentaje de escuelas requiere reparaciones urgentes y ello está tan a la vista que no hace falta recurrir mucho a cifras oficiales. También es necesario equipar las aulas con materiales didácticos, libros y tecnología, como computadoras y acceso a internet, si en verdad se quiere apuntar a salir de lo poco.
La calidad educativa está estrechamente vinculada a la formación y actualización de los docentes, que se ha visto sigue siendo un déficit preocupante, realidad expuesta en cada examinación para ocupar cargos. Si bien existen programas de capacitación, estos deben ampliarse y mejorarse para que los educadores puedan aplicar metodologías modernas y atender las necesidades específicas de los estudiantes.
Es fundamental implementar políticas que eliminen los costos indirectos que enfrentan las familias, haciendo al menos verosímil la gratuidad. Garantizar una verdadera equidad en el acceso a la educación es normativa y por ende obligación del Gobierno.
La descentralización de la gestión escolar podría ayudar a que las instituciones tengan mayor autonomía para atender sus necesidades específicas. Pero hay que atarla a mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar el mal uso de los recursos.
Y siguiendo con los desafíos de la educación paraguaya, asegurar que todos los niños y jóvenes, incluyendo aquellos con discapacidades o que pertenecen a comunidades indígenas, tengan acceso a una educación de calidad que respete sus particularidades culturales y lingüísticas, también debe estar en agenda práctica del Estado.
Es necesario un compromiso sostenido de las autoridades nacionales para potenciar el rubro, acompañar con mayor inversión, una mejor gestión de los recursos y políticas integrales que aborden las barreras económicas y sociales que afectan a las familias en el acceso a la educación de calidad.
La educación es el pilar del desarrollo, por lo que apostar en ella es garantizar un mejor futuro para el país. Con una optimizada educación, todo mejora, y se puede alcanzar el bienestar social que tanto se pregona. Cuanto más lejana la gratuidad en la educación pública, se acrecienta las desigualdades humanas.
