Con el escándalo de la “mafia de los pagarés”, expuesta por los escasos impartidores de justicia honorables, basados en denuncias sustentadas por operadores de valor, ha sacudido a la ciudadanía, confirmándose una vez más la fragilidad de nuestro sistema de dar a cada quien lo suyo.
La revelación de que jueces, actuarios y abogados participaron en un esquema de cobros fraudulentos mediante pagarés falsos o ya cancelados deja en evidencia que, cuando la corrupción se apodera de los operadores judiciales, la injusticia no solo se convierte en norma, sino que adquiere una estructura perversa con graves consecuencias económicas y sociales.
El mecanismo era sencillo, pero devastador: se presentaban demandas ejecutivas contra ciudadanos desprevenidos, quienes sin conocer de la maniobra terminaban embargados y despojados de su patrimonio. La complicidad de ciertos jueces y funcionarios permitió que estas acciones prosperaran sin la verificación necesaria, convirtiendo al sistema judicial en un instrumento de abuso en lugar de un garante de derechos.
Las repercusiones de este esquema fraudulento no se limitan a sus víctimas directas, pues cada caso en el que la corrupción judicial tuerce el sentido de la justicia, erosiona toda la institución jurídica.
Como si no fuera suficiente la sensación de impunidad vigente, estos hechos refuerzan el contexto de que en Paraguay la ley es un arma de los poderosos contra los más vulnerables, en lugar de un pilar de equidad y seguridad jurídica.
En el ámbito económico, el daño es incalculable. Las víctimas pierden recursos y bienes de forma ilegítima, con ropaje de legalidad dada por criterios de jueces de paz. Se destruye la certeza de transacciones generando más dudas sobre instrumentos concebidos como válidos e investidos como aceptados por la norma.
La incertidumbre jurídica solo ahuyenta inversiones y obstaculiza el desarrollo.
En el plano social, la normalización de estos atropellos profundiza el desencanto ciudadano y fomenta una cultura de desconfianza que, en última instancia, afecta la cohesión del país.
Las reacciones institucionales han sido tibias en comparación con la magnitud del problema. La suspensión de algunos jueces y la apertura de investigaciones administrativas son medidas necesarias, pero insuficientes.
Se requiere una reestructuración profunda del sistema judicial, con mecanismos de control efectivos y sanciones ejemplares para quienes usan su poder en detrimento de la justicia. El sinvergüenza juez, el ujier malviviente, el abogado inescrupuloso y los comerciantes marginales, deben estar en la cárcel.
Si la ciudadanía tolera que la corrupción sea la norma, la injusticia se convertirá en un destino irreversible.
Exigir con verdadera fuerza transparencia, integridad y un compromiso real con el estado de derecho ya no debe obviarse.
Si no se fuerza lo contrario, la justicia seguirá siendo un privilegio de unos pocos, mientras la mayoría es sometida a un sistema que solo sirve para proteger a los corruptos y castigar a los indefensos.
