La absurda condena al violador Aldo Manuel Zaldívar, que comprobadamente sodomizó a una niña, impuesta por el Tribunal integrado por los jueces Fabio Aguilar, Vitalia Duarte y Serafín González, muestra con absoluta claridad que la justicia venal es el aval legal de ultrajes. No hay excusa válida para minimizar realidades, por lo que escudarse en formalismos no quita el fondo de la cuestión inmunda.
Los abominables hechos de coacciones sexuales, con una absurda frecuencia, tienen el motivante de la impunidad a cambio de comprar conciencias de gente asquerosamente barata.
Es un índice nefasto mostrado por las estadísticas y la indignación ciudadana que observa el desinterés adrede de Tribunales mediocres, que no garantizan justicias y que ni siquiera reprende a fiscales como Natalia Montanía, que en el mejor de los casos no tuvo la capacidad de sustentar pruebas fehacientes, o en todo caso sí el propósito de beneficiar al violador de menores.
Castigar a depredadores sexuales con el mismo nivel que hechos punibles bagatelarios es vergonzoso. La pedofilia tiene todo el terreno a disposición con impartidores de justicia como el citado, y con la ineficiencia o complicidad de agentes del Ministerio Público de bajo nivel ético.
La desviación más vil de la humanidad no puede quedar como nimiedad. Los violadores deberían ser eliminados sin contemplación, al menos de la convivencia social.
Niñas y niños que son sometidos a relaciones sexuales por adultos, y en muchos de los casos por propios familiares, no tienen protección debida, y lo que sucede no tiene una descripción propia, pues aglutina todos los sinónimos para lo más atroz de la conducta miserable de espectros.
Todos aquellos que toleren, disminuyan o encubran a abusadores, son igualmente bestias que deben estar encerradas. Pedófilos varones y travestidos, de manera constante y agresiva se aprovechan del descuido de padres, madres o tutores, para destruir a criaturas sin encontrar oposiciones legales que los desalienten.
Penosamente las coacciones sexuales siguen siendo el real flagelo que no ocupa atención y acción debida de autoridades y de la misma sociedad. Ser presas de degenerados, en ocasiones propios progenitores, pareciera no espantar a estamentos de custodia de la integridad humana en todas sus facetas.
De la misma forma, la falta de sanción a corrompidos impartidores de ley y sucios fiscales protectores de delincuentes, suman para que se mantenga incólume realidades nefastas y lastimeras.
La agresión a la autonomía sexual es un crimen hediondo, por lo que no puede darse tolerancia para cómplices igualmente degenerados. No es una cuestión presente, sino de hace décadas, por lo que la desidia es más grave aún.
Es urgente buscar acciones para enfrentarlas y si no se dignan autoridades políticas, juzgadores ni fiscales, entonces que el pueblo ejerza su poder para generar escarmientos fuertes y merecidos.
