Miembros de las contralorías ciudadanas de las ciudades cabeceras del Alto Paraná y otros distritos del país, se reunieron el viernes último y expusieron sus inquietudes, entre ellos la llamativa lentitud de la Contraloría General de la República para intervenir o investigar a aquellos municipios sobre los cuales pesan fuertes denuncias de corrupción. No descartan enjuiciar a fiscales y denunciar a funcionarios de la CGR.
En el encuentro llevado a cabo de manera virtual se analizaron varios hechos preocupantes, como los que rodean al intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez, quien está imputado por supuestos hechos de corrupción en la compra de detergentes. Igualmente, en la reunión se mencionó al intendente de Minga Guazú, Diego Ríos, sobre quien también pesan varias denuncias de malos manejos administrativos y financieros, sin que la CGR haya ni siquiera intentado auditar su gestión. De acuerdo a las versiones, Ríos volvió a la ANR luego de la serie de denuncias existentes en su contra, con lo que logró que los concejales que anteriormente lo denunciaban pasen a ser sus mejores aliados.
En la lista también se encuentra el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), que acumula múltiples denuncias por supuestos actos de corrupción durante su gestión como intendente de Villa Elisa. Según la denuncia, el político tuvo un crecimiento patrimonial sorprendente desde sus modestos inicios como vendedor de quinielas. Desde su llegada a la política, su patrimonio aumentó considerablemente, según las declaraciones juradas de bienes y renta publicadas en la página de la Contraloría General de la República. En 2015, sus activos sumaban G. 1.080 millones; para 2023, al asumir como gobernador, ya superaban los G. 1.489 millones. Sin embargo, la CGR no investigó el hecho, pese a que en su página estaba publicada dicha anormalidad, según miembros de la red de contralorías ciudadanas.
En el caso de Ciudad del Este, donde el intendente Miguel Prieto (Yo Creo) tiene más de 40 denuncias por presuntas irregularidades en su administración, dos de ellas han derivado en imputaciones relacionadas con la compra de alimentos durante la pandemia de Covid-19. Las causas están congeladas en la Justicia, en busca de prescripción. Otras de las denuncias hacen referencia a la formación de subcomisiones vecinales ligadas a un mismo grupo familiar, donde recibieron más de G. 311 millones. Entre los involucrados están Lumma Magdalena Silva Battochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, hoy exfuncionarios de la comuna esteña.
Tras estas exposiciones por parte de los integrantes de la Red de Contralorías Ciudadanas del Paraguay, concluyeron que la falta de celeridad en las investigaciones estaría siendo encabezada por funcionarios influyentes de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, por lo que no avanzan los procesos legales. Ante este panorama, los integrantes de la RCCP no descartan realizar acciones que desnuden supuestos hechos irregulares realizados por funcionarios de estos dos estamentos.
