La clase política, desde hace un par de décadas atrás, ha dejado no solo de ser custodios de funciones representativas del poder del pueblo, sino de la posición de garante de ser y parecer íntegros.
Cuando se deciden sobre cuestiones de interés general, debe primar lo beneficioso para todos. Cuando se definen usos de recursos públicos es ineludible que se fijen criterios dentro de las leyes protectoras de su correcta inversión. Velar por todo lo que debe ser, siempre ha sido en teoría el fin de autoridades ejecutivas, así como de diputados y senadores.
Desde el momento que una persona, que se auto signa interés por el ciudadano y honestidad, siendo representante de la gente ante legislativos, comete actos en contra, por más mínimo que parezca, es digna de ser repudiada por todos.
“Molestarse” por protestas públicas, consultas de periodistas que reclaman el fomento, tolerancia y defensa del tráfico de influencia para autobeneficiarse, no deberían caber en la actitud de autoridades, al menos aquellas de buenas intenciones.
La imputación del hijo de la diputada Roya Torres y del intendente franqueño Roque Godoy, muestra que la caradurez de inmorales extiende la desvergüenza a sus vástagos. La investigación fiscal, que incluye a la incitadora del delito de aprovechar recursos públicos para asignar salario alto a un inepto para el cargo, por nulo trabajo, es totalmente apropiado, y debería ser aleccionador para la generalidad de quienes son funcionarios públicos.
Si se llegó a esta instancia, es por que primó el interés personal irregular por sobre el general, lo que dice todo de reales propósitos, contraponiéndose a compromisos y promesas. La responsabilidad de lo correcto es superior para quienes están en posición de garante, por lo que las sanciones deben ser severas.
La selectividad judicial es también un tema real que debe ser evaluado y castigado, pero ello no quita lo justo de la imputación del “nepobaby” franqueño.
Lo incorrecto es incorrecto, independientemente del sector político que provenga lo ilegal.
No adecuarse, al menos a los conceptos básicos de honestidad, es el despropósito que debe ser erradicado del rubro político, si es que en verdad existe liderazgo encaminado al bien común.
Se ha demostrado con creces, que la corrupción es personal, no existiendo atenuantes por la generalización del mal, o por la práctica consuetudinaria venida de miembros del coloradismo. Es así que existieron y existen ladrones de la cosa pública liberales, de Yo Creo, y otros autodenominados independientes.
El paredón sería apropiado para dejar ejemplos perdurables.
Hay demasiada podredumbre, intentada persuadir con soberbia y formalismos manipulados. El desperdicio del dinero público, el incumplimiento de deberes y obligaciones derivados de un cargo oficial, así como el menosprecio hacia la integridad vivida solo en palabras, haciendo familiar la delincuencia de cuello blanco, no pueden seguir en la sucia impunidad.
La ciudadanía no debe perdonar las burlas venidas de sus mandatarios.