La supuesta lucha contra el contrabando en el Paraguay pareciera seguir un patrón que, lejos de atacar a los grandes responsables de la evasión fiscal y el comercio ilegal, se enfoca en los pequeños comerciantes y productores, como chivos expiatorios.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ha sido protagonista de múltiples operativos que, en lugar de desmantelar redes de contrabando de alto impacto, se enfocan en afectar a trabajadores humildes que buscan subsistir en un mercado cada vez más hostil. No se justifica lo ilegal, de ninguna manera, pero sí es cuestionable la selectividad aduanera.
Un ejemplo reciente de esta falta de tino en la aplicación de políticas aduaneras es la incautación de un cargamento de mandioca en Ciudad del Este, donde funcionarios de la DNIT retuvieron un camión repleto de este producto agrícola bajo el argumento de que no contaba con factura legal de compra. La medida, lejos de representar un golpe al contrabando organizado, afectó a un comerciante que transportaba mandioca desde Palo Verde, Mbaracayú, con destino al mercado de abasto y supermercados de la zona. La visión 20×20 de los empleados estatales para con este tipo de episodios, dista bastante con la ceguera que tienen para ingresos desde el Brasil y la Argentina de productos sin tributar o prohibidos en cantidad industrial, pero que pertenecen a potentados y propietarios de cadenas de grandes tiendas y medios de comunicación.
Ampliando el caso, según el afectado, la carga tenía algunas facturas legales para la venta, pero la falta de un documento de compra en origen fue suficiente para que las autoridades procedieran con la incautación. ¿Cómo exigir a un pequeño agricultor que expida factura, mientras pelea en su chacra de sol a sol por sacar algo de la tierra para su subsistencia, carente hasta de documentos de identidad por la desidia estatal?
Es justificado el malestar en la población, pues se pone en evidencia la desproporción en la aplicación de las normativas aduaneras.
Mientras los grandes contrabandistas operan con impunidad, los pequeños comerciantes son sometidos a controles rigurosos que, en muchos casos, terminan por destruir su fuente de ingresos.
La DNIT pierde constantemente la memoria, olvidando que la verdadera amenaza al comercio formal no son los pequeños productores, sino las redes organizadas que mueven millones en mercaderías ilegales, en sus mismas narices.
La persecución del humilde no solo es injusta, sino que también desincentiva la formalización de la economía. Hay que entender contextos y si se desean documentaciones tributarias, que primero el Estado se ocupe en proporcionar salud, educación y seguridad.
Las autoridades aduaneras actúan con criterios arbitrarios y sin una estrategia clara para combatir el contrabando de alto nivel. La corrupción interna es una cuestión inmutable y genuinamente perjudicial.
Si existe propósito real de lucha contra el comercio ilegal, la institución debe replantear sus prioridades y dirigir sus esfuerzos hacia quienes realmente representan peligro para la economía nacional. Ser capataces y pordioseros de los verdaderos contrabandistas es vergonzante hasta para el más cachafaz. Empalar al pobre y endiosar al poderoso es el acto de mayor injusticia gubernamental.
