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La selectividad de hipócritas

Históricamente en Ciudad del Este se ha visto que para autoridades comunales existían dos niveles de aplicación de las normas, la primera severa para el común, y la segunda suave para iguales o coimeros.

La selectividad en la imposición de las leyes y reglamentos es una de las cuestiones más críticas y controvertidas en la administración de la justicia, sean ella la ordinaria o la venida de municipios cuya autonomía normativa faculta a autorizaciones obligadas.

Las reglas cuando no se encuadran dentro del erga omnes mina, socavan los principios fundamentales de igualdad y equidad en los que se basa una sociedad democrática. Esta práctica no solo refleja una falla sistémica, sino que también perpetúa las desigualdades y agrava la desconfianza ciudadana hacia el gobierno y sus representantes.

La esencia de la ley radica en su imparcialidad. Todos los ciudadanos, independientemente de su estatus social, económico o político, deben ser tratados con la misma rigurosidad y justicia ante las normas establecidas. Sin embargo, la realidad frecuentemente demuestra lo contrario. Casos emblemáticos de corrupción política, delitos financieros cometidos por individuos poderosos y la aplicación diferencial de sanciones en función del origen socioeconómico son ejemplos palpables de esta selectividad. Y así predomina ciudadanos de primera, por sobre los demás.

Un ejemplo claro de esta desigualdad se observa en el ámbito de los delitos de cuello blanco. Frecuentemente, los infractores que pertenecen a las élites económicas reciben penas más leves o logran evadir el castigo mediante acuerdos extrajudiciales, mientras que los delitos menores cometidos por ciudadanos comunes son penalizados con toda la fuerza de la ley.

Esta discrepancia no solo es una injusticia flagrante, sino que también envía un mensaje claro que la ley puede ser manipulada por aquellos con los recursos y la influencia necesarias.

Lavarse las manos, culpando a otros de propias responsabilidades, también muestra la mediocridad personal e institucional.

Hacer vista gorda y poner en práctica lo de “para los amigos todo, para los demás la ley”, es lo que permite monolitos en paseos centrales y patadas para quien prese colocar un puestito de ventas en el mismo sector. Se ve con claridad transgresiones municipales de Juan Pueblo, mientras que cuando se tratan de correligionarios, amigos, de la misma fe o logias, “no pasa nada”. Esto sucede con más visualidad en la justicia ordinaria.

La aplicación selectiva de las leyes no solo afecta a individuos, sino que tiene repercusiones sociales más amplias.  En muchas comunidades, especialmente entre las minorías y los sectores más vulnerables, la percepción de injusticia y la experiencia de discriminación legal son endémicas. Estas comunidades a menudo enfrentan una mayor vigilancia policial y un sistema judicial menos indulgente, perpetuando un ciclo de desconfianza y marginación.

La selectividad en la imposición de las leyes y reglamentos es una manifestación de desigualdades más profundas en nuestra sociedad, que requiere no solo cambios en el sistema desde el cual se lo imparte, sino también un compromiso colectivo para luchar contra la inequidad en todas sus formas. Una sociedad más justa y equitativa, solo podrá ser alcanzable cuando la ley sea realmente igual para todos. El ñembotavy cuando conviene es de hipócritas.

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