Éticamente objetable y ligeramente sancionable por la ley, la impunidad es el vitamínico más completo de la corrupción estatal, creando así castas superiores.
El tráfico de influencias, por definición es un delito, pues con ello un funcionario estatal o autoridad, “influye en otro funcionario público o autoridad, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”. Ilustrando el concepto de la RAE, es la presión, orden, o pedido de una autoridad pública, para nombrar, descontratar, lograr resolución judicial a favor, obtener dinero o espacios superiores en el estamento oficial.
Es así que las influencias generan un contexto donde las transgresiones a leyes o reglamentos administrativos, sean atenuadas hasta obviadas.
Sin dejar de considerar las “minucias”, como evitar notificaciones, órdenes de detenciones, o multas, los que sobresalen en el ranking de influir sobre organismos y entes de estado, son senadores y diputados.
Desde liberaciones de multas por infracciones de tránsito, hasta la comercialización de tierras estatales, llevan como bagaje ilustres miembros del Congreso Nacional, que buscan siempre estar por sobre las leyes.
Valerse del puesto para fomentar la impunidad, no tiene nada de diferente a lo vivido anteriormente en esferas del poder. Los verdaderos criminales no solo están en cárceles, sino en inmediaciones del Paraguayo Independiente.
En condiciones de normalidad, todo legislador, sea nacional, departamental o local, debería ser fiel custodio de la Constitución y las normativas que regulan a los ciudadanos, cumpliendo sin miramientos funciones de contralor.
Valerse de cargos para coimear o fomentar ilegalidades es de pillos y peajeros.
Resulta una aberración que de compromisos para ser portavoces de prioridades ciudadanas, se ponga el máximo esfuerzo en delinquir con guante blanco. Resaltar por impulsar mafias merece estancias en Tacumbú.
Exigir dinero o nombramientos para alzar la mano en favor de todo lo que se proponga, o para oponerse por oponer, son propios de mercenarios politiquillos, que tienen vigencia por la falta de interés del pueblo, pues el silencio asiente.
Es increíble que todo siga igual y que la búsqueda de escaños sea como integrar organizaciones para delinquir y amasar fortunas malhabidas.
La imposición de mayorías inescrupulosas, también ata a la ineficiencia pública por lo que termina por afectar negativamente a todos.
Este sistema nefasto, salido de las entrañas del Poder Legislativo, es el peor mal cancerígeno de las Naciones cuyas corrupciones estancan a la miseria del pueblo y riqueza de verdugos.
Pero no hay que perder de vista que a la deshonestidad detestada por la población, es esa misma gente que coloca a marginales en lo estatal, por lo que asumir responsabilidades, actuando en consecuencia, será vital para el cambio de panoramas.
