La fortaleza de toda nación reside en el respeto y la defensa plena del Estado de Derecho. A modo de ilustración, el Estado de Derecho es un principio fundamental en el que la ley se sitúa como la máxima autoridad, donde todos los individuos, incluyendo los gobernantes, las instituciones y los ciudadanos, están sujetos a las mismas leyes, y estas normas deben ser justas, claras, y aplicadas de manera imparcial. En teoría ello garantiza que todos deban estar sometidos a rigores, pero también al debido proceso, garantía constitucional irrenunciable.
El procedimiento en el que falleció el diputado Roberto «Lalo» Gómes ha generado una gran cantidad de interrogantes, debido a lo llamativo de los hechos. Gómes, quien era conocido en el ámbito político paraguayo, murió en un operativo policial bajo circunstancias que han despertado dudas sobre la legalidad y transparencia del procedimiento. La situación se torna aún más inquietante cuando se considera que se trata de una figura pública, investida de representación, lo que pone en la mira tanto a las fuerzas del orden como a las instituciones judiciales del país.
Lo que resulta más llamativo es la falta de claridad en los detalles básicos de un operativo involucrando un diputado, con inmunidad, independientemente a la condición de ligado al narcotráfico o no. Al menos en lo que respecta a la información brindada por las autoridades, genera más especulaciones sobre si los protocolos fueron respetados.
En un Estado de Derecho, las fuerzas policiales son guiadas por mandatos jurídicos, no pudiendo, o mejor, no debiendo actuar como capangas de lo no correcto, ya que en episodios similares, se ha asumido conductas hasta paternales en causas similares.
Además, el hecho de que el operativo haya resultado en la muerte de una persona conocida públicamente aumenta la presión sobre las autoridades para que esclarezcan los hechos con la mayor celeridad posible.
Este caso no solo pone de manifiesto la necesidad de que las fuerzas de seguridad actúen dentro del marco legal en todo momento, sino también que se garanticen investigaciones exhaustivas e imparciales cuando se presentan situaciones tan graves como la muerte de un ciudadano, especialmente en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es alta.
Permanece la urgencia de fortalecer el Estado de Derecho y la transparencia en todos los niveles del gobierno y la justicia.
El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía, tienen obligación imperativa de actuar siempre dentro de los límites de la ley, sin permitir que el fin justifique los medios.
La lucha contra la delincuencia no debe ser excusa para transgredir los procedimientos preestablecidos, pues el respeto a las garantías legales es esencial para una sociedad justa y democrática.
En Paraguay, la preservación del Estado de Derecho es un compromiso incumplido.
Cualquier acción que se aparte del marco legal, incluso cuando se trata de combatir el crimen, debilita la legitimidad del propio sistema que se busca proteger. Las instituciones deben ser ejemplares en su actuar, demostrando que la ley es la única vía para resolver los problemas de seguridad y justicia. La eficacia en la lucha contra la delincuencia debe ir de la mano con la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Solo así se podrá construir un país donde la justicia sea imparcial y la ciudadanía confíe en sus autoridades.
Todo fuera de ello tiene más ropaje de mafia que de algún eventual buen resultado.
