Desde un principio, el intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto y los demás procesados en el caso “Tía Chela”, intentaron por todos los medios a su alcance, quedar fuera del proceso de investigación sin litigar en los estrados correspondientes. Es evidente que todos los procesados buscan que la causa sea desestimada y de esa manera evitar ser procesados por los hechos que son investigados. Junto con Prieto, están procesados Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de Vanemi SA; y los funcionarios Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, y Nelson Segovia Acevedo.
Uno de los imputados por lesión de confianza, Sebastián Martínez, exdirector de Desarrollo Social de la Municipalidad del Ciudad del Este, hoy concejal municipal, había promovido un incidente de excepción de incompetencia territorial a los efectos de que la causa sea tramitada en Ciudad del Este, en un claro intento de dilatar el proceso judicial. Lo hizo por medio de los abogados Antero Prieto y Nidia Silvero de Prieto, quienes tomaron intervención en la defensa y solicitaron al Juzgado Penal de Garantías el traslado correspondiente del caso a la capital departamental, bajo el argumento de incompetencia territorial. Este incidente igualmente fue rechazado, citando una acordada de la Corte Suprema de Justicia que refiere que la competencia de los fiscales abarca todo el territorio nacional.
El propio Martínez había viralizado tiempos atrás un video donde afirmaba que todos los corruptos deben parar en la cárcel. Hoy, sus afirmaciones le juegan en contra, ya que el mismo está endilgado e investigado en un caso de corrupción que, antes de someterse al proceso legal abierto en su contra y presentar las pruebas a su favor, más bien recurre a peligrosas artimañas que; al igual que el intendente Prieto, solo buscan dejar sin efecto la causa. De este modo, pues no se verán obligados a presentar pruebas, que al parecer no tienen para defenderse y por ello recurren a engañosas acciones legales.
