Esta vieja consigna en el mundo del Derecho de que “no todo lo legal es justo” describe que no necesariamente las acciones jurídicas normadas son necesariamente justas. Como ejemplo se ilustra el reciente levantamiento de la orden de captura contra el abogado que agredió violentamente a una funcionaria del INTN, encendiendo nuevamente el debate sobre la diferencia entre lo legal y lo justo en Paraguay. El análisis no se direcciona únicamente a la cuestión de literatura jurídica y de conceptos del Derecho, sino el impacto social.
La decisión de la Cámara de Apelaciones Penal, Primera Sala, de revocar la medida ha generado un profundo repudio ciudadano, evidenciando una desconexión entre el sistema judicial y la percepción de justicia de la sociedad.
Este caso no es aislado. Refleja una problemática recurrente donde las normas procesales permiten que agresores y delincuentes encuentren resquicios legales para evitar consecuencias proporcionales a sus actos. Cuanto más poder económico o político tengan, más rebuscadas son las determinaciones de quienes conocen el derecho. “Iura novit curia”.
Lo que la ley permite no siempre es lo que la ciudadanía observa como justo. En este caso, una agresión documentada y repudiada masivamente no resultó en una consecuencia inmediata y firme contra el agresor, sino en un alivio judicial que refuerza la impunidad. Y aquí es lo que se dan comparaciones de la selectividad en que operan los órganos jurisdiccionales. “Para mis amigos todo; para mis enemigos, la ley”.
El problema de fondo radica en la estructura misma del sistema legal. La legislación procesal penal, con sus garantías y tecnicismos, muchas veces juega a favor de aquellos con mayores recursos y conocimientos para manipularla. Esto deja en una situación de desprotección a las víctimas, quienes se ven obligadas a transitar procesos judiciales que parecen más diseñados para proteger a los agresores que para resguardar a los afectados. Sin respaldo político y monetario, ingresar a la justicia sigue siendo un padecer, un verdadero vía crucis.
Pero no es menos cierto que la sociedad debe conocer sus normas procesales, y a la par también que cuestione su impacto en la realidad. No basta con indignarse ante fallos polémicos; es necesario exigir reformas que prioricen la justicia efectiva sobre los formalismos que puedan ser utilizados para beneficios de violentos y delincuentes.
La ley tiene que ser un instrumento para el bien común y no un escudo para quienes la utilizan en detrimento de la sociedad.
Los legisladores y operadores de justicia tienen la responsabilidad de atender esta demanda social. La ciudadanía, por su parte, debe mantenerse vigilante y activa, exigiendo cambios en las normativas que sean certezas de una justicia que responda a los principios de equidad, proporcionalidad y protección a las víctimas.
Un buen sistema judicial no solo debería ser legal, sino también verdaderamente justo.
