Históricamente, el sistema jurídico paraguayo ha enfrentado numerosos desafíos debido al uso abusivo de las chicanas, o tácticas dilatorias, en las defensas de implicados por corrupción, teniendo un impacto significativo en la eficiencia y credibilidad del sistema judicial del país, resultando en una percepción generalizada de impunidad.
Estas maniobras legales utilizadas por los abogados para prolongar los procesos judiciales, no son más que aplicación directa de legalismos para la impunidad, pues un inocente no traba procesos. En los casos de corrupción, estas tácticas incluyen la presentación de múltiples recursos y apelaciones, la solicitud de postergaciones y la invocación de tecnicismos legales para evitar el avance de los juicios, pues ello aceleraría sanciones merecidas. Esto no solo retrasa la resolución de los casos, sino que también sobrecarga el sistema judicial, que ya enfrenta problemas de congestión y lentitud.
El uso reiterado de chicanas en casos de robo de la cosa pública, como en la comuna esteña, no solo contribuye a una percepción de impunidad, sino a la materialización de ella.
Cuando los procesos judiciales se prolongan indefinidamente y los acusados logran evadir la justicia, se refuerza la realidad de que los poderosos y bien conectados pueden evitar las consecuencias de sus actos. Se socava la confianza pública en el Estado de derecho.
El abuso de chicanas no solo afecta el tiempo de los jueces y fiscales, sino que también consume recursos financieros y humanos que podrían destinarse a otros casos. La constante necesidad de responder a maniobras dilatorias desvía la atención y los recursos de la administración de justicia, afectando su capacidad para operar de manera eficiente y efectiva. La apreciación de que sus esfuerzos son en vano debido a las constantes obstrucciones legales, puede llevar a una menor proactividad en la persecución de casos de corrupción y a un desgaste general del ánimo entre los funcionarios judiciales.
El uso efectivo de chicanas requiere recursos económicos significativos, lo que favorece a los acusados con mayor capacidad financiera para contratar abogados especializados en estas tácticas. Esto genera una desigualdad en el acceso a la justicia, ya que los implicados con menos recursos no pueden defenderse de la misma manera, perpetuando una brecha entre los diferentes estratos socioeconómicos.
El sistema judicial paraguayo es ineficaz y permisivo con la corrupción.
La confianza en la estabilidad y transparencia del entorno legal es crucial para la cooperación y el desarrollo económico, por lo que no es un hecho aislado o de solo afectación particular.
El daño profundo y multifacético al sistema jurídico paraguayo sustenta bases para que la justicia sea solo un elemento sancionador de los peces pequeños. Si alguien se declara inocente por tecnicismos, y no por el juzgamiento de fondo, no es más que un delincuente con impunidad.
Es crucial implementar reformas legales que limiten el uso de tácticas dilatorias y fortalezcan la capacidad del sistema judicial para procesar casos de corrupción de manera expedita y justa.