Un equipo de fiscales, encabezado Silvio Corbeta, allanó el pasado lunes las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva Infantil, construida en el predio del Hospital Regional de Ciudad del Este con recursos de la comuna local e inaugurada en el 2020. Sin embargo, llamó mucho la atención la actitud de los agentes, quienes no permitieron el ingreso de la prensa al local y tampoco dieron detalles de la intervención.
La comitiva fiscal llegó hasta el centro hospitalario para verificar el estado de la estructura del edificio en cuestión, como parte de un proceso judicial abierto contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Lo vergonzoso del procedimiento es que los miembros de la prensa, destacados en el lugar, no pudieron desarrollar sus respectivos trabajos, luego que Corbeta haya ordenado que no se les permita el acceso.
Fue bastante sospechosa la actitud asumida por el agente del Ministerio Público al limitar la función de la prensa, en abierta violación a lo que dispone la Constitución Nacional. Llamó la atención el hermetismo con que se desarrolló la “investigación fiscal”, teniendo en cuenta que se trata de un caso abierto en el 2020. Cuando fue consultado respecto a la tarea de la Fiscalía, Corbeta respondió con evasivas a las preguntas de la prensa, en un claro desconocimiento de lo que realmente buscaba la comitiva. Finalmente, trató de disimular su impericia en la investigación, al expresar solamente que la diligencia sigue su curso.
A esta situación, se suma otro allanamiento. Esta vez, en un local comercial de donde la comuna esteña había adquirido alimentos. En este hecho, de nuevo se puso cerrojos que impidieron el paso de la prensa, trabando de esta manera el acceso a la información.
Así mismo, llama poderosamente la atención que ayer el Tribunal de Segunda Instancia confirmó al juez Humberto Otazú, rechazando un recurso presentado por la defensa del jefe comunal. Los tres acontecimientos, ocurridos casi de manera simultánea, denotan la existencia de una línea trazada a seguir, con un evidente tinte político, emanado del poder de turno, según refirió el propio el jefe comunal. La sospecha se basa en que, de alguna manera, se está buscando sacarlo de la arena política a Prieto, que se está proyectando para competir en las elecciones nacionales del 2028.
La falta de claridad en la investigación a la construcción del Pabellón Infantil, el repentino desbloqueo del caso que involucra al intendente esteño por parte de un tribunal y los sucesivos allanamientos sin objetivos claros, son elementos que hacen sospechar que más allá de tecnicismos jurídicos, prevalece el precepto político, con la firme intención de dejar fuera de competencia electoral al jefe comunal. Prieto refirió que pese a que todas las documentaciones respecto a las construcciones hechas en el Hospital Regional de Ciudad del Este, fueron presentadas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a la Contraloría General de la República y demás organismos rectores del Estado, el Ministerio Público sigue buscando algún elemento para incriminarlo.
