A mediados del mes de junio, un grupo de personas ingresó a una propiedad de la colonia Toryvete de Hernandarias, perteneciente a la Agroganadera Santa Felicidad, actualmente a cargo de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados. Ayer los ocupantes llegaron hasta la sede del Ministerio Público para presionar a los fiscales que tienen el caso, pues recibieron informaciones que una orden de desalojo está en proceso.
Los manifestantes invocaron a la Federación Nacional Campesina como aliada en la lucha por la tierra propia, pero fue la propia Senabico la que denunció a las personas que ingresaron a la propiedad. Al respecto, Romualdo Duarte, referente del grupo, se quejó porque no tienen el respaldo de las instituciones.
“Somos 200 familias, nos dicen que este miércoles o esta semana nos van a desalojar de las tierras, también están en una propiedad cercana los indígenas y ellos también serán sacados, ya nos avisaron. Nosotros nos manifestamos contra los fiscales Adolfo Santander y Natalia Montanía, porque están a favor de los empresarios”, señaló Duarte, que llegó frente al Ministerio Público con una importante cantidad de personas, entre niños y adultos mayores.
EL INMUEBLE EN CUESTIÓN
En junio del año pasado, el juez Gustavo Amarilla dispuso la prohibición general de enajenar y gravar bienes de dos personas requeridas por la justicia argentina, por presuntos vínculos con terroristas y el atentado a la AMIA en Buenos Aires. Hussein Mounir Mouzzanar es uno de los afectados por la decisión judicial y sería uno de los dueños de la agroganadera Santa Felicidad.
Sin embargo, Duarte contó que llevan cinco años de lucha y que en varias ocasiones hablaron con los representantes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, pero hasta ahora no tienen nada concreto de parte del ente público. “Queremos las cosas, las tierras son de un prófugo y están a cargo de Senabico y no toman acciones, ahora nos dicen que seremos desalojados”, insistió.
Los fiscales del caso no se expidieron sobre el reclamo de los manifestantes y estos indicaron que seguirán con la movilización frente a la sede del Ministerio Público de Hernandarias y que llamarán a sus pares de la FNC de otros departamentos del país para presionar a las instituciones involucradas.
La finca afectada es la Nº 31.510 de Hernandarias. Las familias afectadas alegaron que fueron despojadas de sus tierras por parte de la firma comercial y con la decisión judicial contra uno de los propietarios, insistieron en que deben ser adjudicados. Ayer advirtieron que llegarán junto al propio presidente Santiago Peña.
Al menos oficialmente no se habló de procedimientos de desalojo en la zona, pero sí la constitución de autoridades en el sector, atendiendo a la dimensión del inmueble (unas 2 mil hectáreas) y los alcances de las disposiciones legales establecidas en el caso.
