No siendo algo fuera de lo normal en las diferentes juntas municipales en el Alto Paraná, y no muy distinto en el país, las defensas por asuntos políticos, y que va en contra de los intereses del pueblo, se encuadran dentro de conductas de verdaderos malvivientes, cuyas motivaciones son alimentos extras que vienen del dinero oficial.
Lo que se sostiene en Presidente Franco viene cumpliendo a raja tabla con la regla de corrupción de Juntas Municipales, donde los liberales son los actores principales de lo descarado.
Manipular las normas a favor y asumir el rol de serviles, no es muy de concejales útiles para la sociedad.
Representar al pueblo no tiene ninguna relación con proteger al tráfico de influencias para colocar a hijos de intendentes o diputados, destacados en la pavada, para asesorar sobre asuntos de legislación nacional. La burla al pueblo merece sanciones severas y no corporativismo.
La protección ante denuncias formales de irregularidades en municipios es criminal, por lo que cada edil que se adecue a ello, no es más que un sucio representante de la malvivencia, y nunca del pueblo.
Ladrones de la cosa pública proliferan por mantos de impunidad creada por formalismos, pero primordialmente por la desvergüenza de expositores.
Todo concejal municipal que sea abogado del diablo, no es más que un can castrado. Cerrar filas para defender a intendentes, para proteger eventuales investigaciones que descubran la inmunda moda de robar dinero público, no es más que posición de organizaciones mafiosas.
Los legisladores e intendentes municipales están compelidos a seguir las normas y caminar dentro de los principios de integridad.
Los ediles deberían fomentar una sana crítica y objetividad que custodie el interés de la mayoría, de modo a que la ciudadanía pueda estar segura del buen manejo de la cosa pública. Ser guardia pretoriano de ruines, no figura dentro de labores institucionales y morales de concejales de Presidente Franco.
Utilizar toda la estructura municipal para arropar a “nepobabys”, también es irregular, por lo que cuanto más se prolongue el blindaje a la podredumbre más nauseabundo resulta.
Toda conducta ajena al espíritu de las normas, y que supere a la moral y buenas costumbres, amerita estancias en la celda más hedionda existente, pues se atenta contra todo el pueblo y sus necesidades.
Tomar denuncias serias e investigar es la consigna cuando se ocupa el cargo de contralor de la gestión institucional. Es la primera regla de todo legislador, pero lo que se tiene, no solo en Presidente Franco, sino en casi la generalidad, es avalador de lo incorrecto pagado con dinero de los contribuyentes. Se paga para la opulencia de propios verdugos.
Proteccionismos paternales, o maritales, constituyen el ejercicio pleno de la impunidad que desnudan falsos discursos de transparencia y de diferencias con otras agrupaciones igualmente mercenarias.
Pero seguir siendo secuestrados por autoridades que la población coloca en estamentos de poder, es un contrasentido masoquista que ya no debe prosperar, si en verdad molesta la perversión financiada con la plata de la gente, mientras paraguayos y paraguayas mueren por falta de atención médica especializada, se someten al subempleo teniendo formación superior, y deben conformarse con futuros de necesidades materiales.
Miembros mediocres e inmorales de una Junta Municipal solo frenan positivos resultados, no compadeciéndose de la necesidad de toda la ciudadanía.
