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Mayoría de municipios de Alto Paraná en constante déficit y sumidos en corrupción

Solo dos intendentes, Ángel Miguel Soria (Itakyry) y Teófilo Báez (Tavapy), tuvieron sus rendiciones rechazadas.

La mayoría de los municipios del Alto Paraná se encuentran en una situación de permanente déficit, incluso al borde de la quiebra técnica en algunos casos. Pese a esto, solamente los distritos de Itakyry y Tavapy tuvieron sus ejecuciones presupuestarias del 2023 rechazadas por sus juntas municipales. En otras ciudades, como Hernandarias, Minga Guazú, Presidente Franco y CDE, los intendentes cuentan con el apoyo de mayorías absolutas dentro de sus corporaciones legislativas y los ediles se convierten en simples secuaces que aprueban todos los balances sin cuestionamientos. La incompetencia de los jefes comunales llega a niveles preocupantes, como en Ñacunday, donde el intendente Rafael Ramírez “se olvidó” de llamar a licitación para la provisión del almuerzo escolar para el 2024, por lo que hasta el momento los niños de ese distrito siguen sin contar con este beneficio.

Solamente dos intendentes, Miguel Ángel Soria (ANR) de Itakyry y Teófilo “Cacho” Báez (ANR) de Tavapy, tuvieron sus balances del año pasado rechazados debido a las irregularidades cometidas. En el caso de Itakyry, la semana pasada la Junta Municipal rechazó la ejecución presupuestaria del año 2023, tras detectar múltiples gastos irregulares, una significativa erogación en «asesorías» y una total falta de documentación. El documento emitido por los ediles detalla una serie de irregularidades encontradas en la rendición de cuentas del intendente Soria. Entre ellas, se destaca el elevado monto destinado a supuestas asesorías, cifra que alcanza los G. 580.755.000. Este gasto ha sido considerado exorbitante, especialmente teniendo en cuenta la falta de detalles sobre la naturaleza de estas asesorías y los beneficios derivados de las mismas.

Además, se cuestiona el uso de recursos provenientes de juegos de azar para el pago de servicios técnicos profesionales, sin especificar la naturaleza de dichos servicios y sin cumplir con las disposiciones legales establecidas al respecto. También se evidencia la falta de informes sobre la utilización de ingresosl según lo establecido por la ley orgánica municipal, así como la ausencia de documentos respaldatorios que justifiquen la ejecución presupuestaria.

En el caso de Tavapy, los concejales rechazaron la rendición del intendente “Cacho” Báez. En su dictamen, la Comisión de Hacienda y Presupuesto dejó constancia que en virtud al extremo de las desprolijidades, el Ejecutivo Municipal ha remitido a la Junta Municipal un expediente con fojas donde no incluye el informe anual de rendición de cuentas, solamente el informe del último cuatrimestre.

En otro punto, se señala que en el control de arqueo de caja de las recaudaciones diarias, no ha sido posible realizar la verificación pertinente, por no contar con una planilla mensual al cierre de cada mes que pueda facilitar alguna verificación o control.

Los intendentes Roque Godoy (Pdte. Franco) y Nelson Cano (Hernandarias) son dos de los más cuestionados, pero tienen mayoría en sus juntas, por lo que gozan de impunidad.

CONCEJALES “A LA MEDIDA”

Pero éstos son los únicos casos donde los concejales cumplen verdaderamente con su función de ser contralores de la gestión del Ejecutivo Municipal. En todos los demás municipios, los balances fueron aprobados sin cuestionamientos, pese a las múltiples denuncias ciudadanas sobre irregularidades, atrasos en obras, malversaciones, nepotismo y otros. Los más afectados por las denuncias son los intendentes de Hernandarias, Nelson Cano (ANR); de Pdte. Franco, Roque Godoy (PLRA); y de Minga Guazú, Diego Ríos (Yo Creo). Los tres cuentan con severos cuestionamientos hacia su gestión, lo cual se evidencia con la notable falta de fondos, que en casos como el de Hernandarias, imposibilita incluso a la comuna a pagar los salarios a los funcionarios.

En CDE, si bien el intendente Miguel Prieto cuenta con el apoyo de una mayoría en la Junta, denuncias arrimadas directamente al Ministerio Público le han valido sendas imputaciones, por las que actualmente es investigado por equipos fiscales.

Los concejales cómplices de los intendentes percibirían jugosas coimas a cambio de su silencio y de otorgar impunidad a los administradores comunales, aunque resulta muy difícil de probarlo, ya que ese tipo de “pago de favores” generalmente no deja rastros. Lo cierto y concreto es que el Alto Paraná es uno de los departamentos con la mayor cantidad de intendentes cuestionados por su inoperancia y venalidad.

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